El cerco judicial desde Estados Unidos no se limitaría a un solo nombre. Fuentes de seguridad y reportes de inteligencia financiera señalan que las pesquisas del Departamento de Justicia habrían comenzado a trazar una red más amplia que incluye no solo al general retirado Audomaro Martínez Zapata, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, sino también a figuras políticas cercanas al antiguo círculo de poder como Andy López Beltrán y Jesús Ramírez Cuevas.
La investigación, que se mueve en paralelo entre autoridades estadounidenses y mexicanas, sigue la pista de un esquema transnacional de huachicol fiscal, triangulación de hidrocarburos y presunto lavado de dinero con operaciones que habrían tocado territorio texano, sistema bancario estadounidense y contratos públicos en México.
El eje: combustible, empresas fachada y rutas Texas–México
De acuerdo con reportes financieros, el mecanismo investigado consistiría en la extracción irregular de combustibles, su traslado a refinerías en Texas para “legalizar” origen y posterior reingreso a México bajo clasificaciones falsas —aceites, lubricantes u otros derivados— evitando impuestos federales como IEPS e IVA.
Este modelo, según analistas, permitió durante años mover volúmenes millonarios de hidrocarburos con apariencia de comercio formal.
El papel del CNI bajo Audomaro
Las indagatorias apuntan a que durante la gestión de Martínez Zapata al frente del CNI, el organismo encargado de inteligencia nacional habría recibido múltiples reportes sobre redes criminales operando rutas de combustible en el sureste, particularmente en Tabasco, Veracruz y Chiapas.
Sin embargo, diversas líneas de investigación revisan si existió omisión operativa, filtración de información o protección indirecta a estructuras que controlaban el negocio.
Al mismo tiempo, registros públicos muestran que empresas vinculadas al entorno familiar del general obtuvieron contratos federales millonarios en áreas de seguridad privada y servicios relacionados con hidrocarburos.
La expansión de la investigación hacia el entorno político
En Washington, el seguimiento financiero habría llevado a revisar conexiones más amplias dentro del ecosistema político del sexenio pasado.
Según versiones citadas por analistas de seguridad, los expedientes preliminares incluyen revisiones sobre operadores políticos, estructuras de comunicación gubernamental y redes de intermediación empresarial ligadas a:
- Andy López Beltrán, por posibles vínculos indirectos con estructuras de financiamiento y operadores regionales bajo observación financiera.
- Jesús Ramírez Cuevas, por el rol estratégico que ocupó dentro del aparato político-comunicacional y su cercanía con decisiones de inteligencia y manejo de crisis durante el periodo investigado.
Hasta ahora no existen acusaciones formales públicas contra ellos, pero las revisiones financieras, según fuentes consultadas, formarían parte del mapeo general de relaciones, contratos y flujos económicos que el DOJ analiza cuando detecta uso del sistema bancario estadounidense.
Red militar, aduanera y empresarial bajo revisión
La trama investigada no se limitaría al ámbito civil. Reportes periodísticos previos ya habían documentado operaciones inmobiliarias de lujo, conexiones con operadores aduanales y vínculos empresariales con familiares de altos mandos castrenses.
Autoridades financieras revisan más de 500 empresas, muchas creadas durante el sexenio anterior, bajo sospecha de servir como vehículos de triangulación.
Inteligencia usada como arma política
Testimonios ministeriales citados en investigaciones mexicanas también señalan que estructuras de inteligencia habrían sido utilizadas para elaborar expedientes contra adversarios internos y manipular escenarios políticos, lo que, de confirmarse, colocaría al aparato de seguridad nacional no solo como espectador sino como posible instrumento en disputas de poder.
Presión externa rompe el blindaje interno
Aunque públicamente el gobierno actual ha señalado no tener información oficial sobre estas pesquisas, el interés del Departamento de Justicia introduce un factor crítico: cuando operaciones sospechosas cruzan el sistema financiero estadounidense, los casos pueden avanzar independientemente de la voluntad política local.
Especialistas en cooperación bilateral advierten que el objetivo de Washington no sería únicamente penal, sino financiero: seguir activos, congelar cuentas y rastrear redes completas.
El trasfondo
El CNI manejaba un presupuesto anual superior a los 2,600 millones de pesos destinados a seguridad nacional. Paralelamente, el SAT ha estimado que el huachicol fiscal puede representar pérdidas cercanas a 400 mil millones de pesos anuales.
Si las investigaciones prosperan, el caso podría convertirse en uno de los expedientes más sensibles de cooperación judicial entre México y Estados Unidos en los últimos años.