La Auditoría Superior de la Federación (ASF) volvió a exhibir el desastre administrativo detrás de los programas “estrella” del gobierno federal. En su informe correspondiente a la Cuenta Pública 2024, la ASF documenta apoyos duplicados, expedientes inexistentes y hasta beneficiarios… que ya habían muerto.
El caso Bienestar: millones sin comprobación
Durante 2024, la Secretaría de Bienestar repartió más de dos millones de pesos en apoyos para damnificados por desastres naturales sin comprobar con expedientes ni recibos su entrega. En varios casos, incluso pagó dos veces a las mismas personas.
Las irregularidades —que suman más de cinco millones 800 mil pesos en posibles daños al erario— se concentran en el programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, creado para mitigar los efectos de tragedias como el huracán Otis en Guerrero. Sin embargo, la ASF detectó pagos sin respaldo, duplicados y expedientes extraviados.
De 214 beneficiarios, no existe evidencia alguna de que hayan recibido el dinero. Y siete personas cobraron doble por la misma emergencia.
Apoyos a adultos mayores… hasta en el más allá
El escándalo no termina ahí. En la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, 23 mil CURP corresponden a personas ya fallecidas, pero aún registradas como beneficiarias.
Además, 23 personas recibieron más de 700 mil pesos sin expediente que justifique su elegibilidad, y otro millón 350 mil pesos no tiene comprobante de entrega de tarjetas bancarias.
Programas sociales sin control
La ASF también encontró fallas en otros programas del Bienestar:
- Pagos improcedentes a beneficiarios mayores de edad límite.
- Expedientes y comprobantes bancarios desaparecidos.
- Apoyos entregados sin verificar requisitos.
Todo ello, en programas que deberían atender a madres trabajadoras, personas con discapacidad y niños en situación vulnerable.
El dinero público, otra vez sin destino claro
A nivel nacional, las irregularidades alcanzan los cinco mil 161 millones de pesos. El 89 % corresponde al gasto ejercido por los estados —especialmente en salud e infraestructura social—, y el resto al gobierno federal.
De los recursos por aclarar, más de un tercio pertenece al rubro de salud, donde las auditorías detectaron falta de diagnósticos, capacitaciones sin sustento y programas sin seguimiento.
Incluso el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán suspendió 30 investigaciones sin justificación y operó todo 2024 sin un programa de investigación vigente.
El discurso oficial presume “apoyos directos al pueblo”, pero los hechos muestran otra realidad: un sistema sin control, sin comprobantes y con beneficiarios fantasmas.
Mientras la propaganda habla de justicia social, la ASF sigue encontrando millones perdidos y una administración que confunde la ayuda con el despilfarro.