El descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z dejó al descubierto una grave contradicción: a pesar de una inversión pública multimillonaria destinada a garantizar la seguridad de la vía, la infraestructura falló de manera catastrófica.
El Fideicomiso para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (FIDIT) aprobó un presupuesto global de 7 mil 831 millones 98 mil 44 pesos con 13 centavos para la rehabilitación del sistema ferroviario del Corredor Interoceánico. Dentro de ese monto se incluyeron obras para corregir curvas, pendientes y puntos considerados de alto riesgo en la Línea Z, así como la modernización de la Línea FA para fortalecer la conexión con el puerto de Salina Cruz.
Tan solo en el tramo Chivela–La Mata, donde ocurrió el descarrilamiento el 28 de diciembre, se destinaron más de 120 millones de pesos a trabajos de emergencia para la estabilización de taludes, obras que fueron reportadas como concluidas apenas 12 días antes del siniestro.
Los contratos establecían que, aun con la vía en operación, la empresa responsable debía cumplir estrictamente con la normatividad de seguridad ferroviaria, señalización y control de riesgos. Incluso se autorizaron frentes de trabajo extendidos y labores en días no laborables para asegurar la calidad de la obra.
Sin embargo, ni el gasto extraordinario ni las condiciones especiales de ejecución evitaron el colapso del tramo intervenido. La infraestructura cedió durante la operación regular del tren, dejando un saldo fatal de 14 personas muertas y casi 100 heridas.
El caso plantea serias interrogantes sobre la eficacia del gasto público, la supervisión técnica de las obras y la rendición de cuentas en uno de los proyectos estratégicos del Gobierno federal. Millones de pesos fueron ejercidos bajo el argumento de una obra urgente y prioritaria, pero los resultados no solo fueron insuficientes: terminaron en una tragedia.
