Organizaciones de la sociedad civil enfocadas en temas digitales exhortaron al Senado de la República a dar a conocer, antes de someterse a votación, las modificaciones propuestas a la Ley de Telecomunicaciones. El objetivo es verificar que dichas modificaciones se mantengan alineadas con lo discutido en los conversatorios recientes organizados por la cámara alta sobre políticas en telecomunicaciones y radiodifusión.
Las organizaciones pidieron que no se integren temas nuevos que no hayan sido previamente analizados ni consultados, ya que esto podría complicar innecesariamente el proceso legislativo. De no atender esta solicitud, advirtieron que podrían generarse problemas como inseguridad jurídica, duplicidad normativa, sobrerregulación y barreras a la innovación y la inversión en el país.
También destacaron la importancia de que el dictamen, actualmente en discusión en comisiones, recoja las voces y aportaciones de todos los actores del ecosistema digital que participaron en estos ejercicios de diálogo.
En un comunicado conjunto, la Alianza por una Internet Abierta, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), y la International Chamber of Commerce México (ICC México), reconocieron la apertura al diálogo. Sin embargo, alertaron que si no se incorporan las perspectivas de los especialistas, se perderá una oportunidad clave para enriquecer el debate con la diversidad de experiencias y conocimientos de los distintos sectores involucrados.
El comunicado también subraya que las buenas prácticas internacionales y regulatorias coinciden en la necesidad de diferenciar claramente entre los servicios de telecomunicaciones —que dependen de recursos físicos limitados, como el espectro radioeléctrico y las redes— y los servicios digitales, que se prestan a través de Internet y se consideran servicios de valor agregado con alcance global.
Si bien reconocieron como positiva la eliminación del artículo 109, enfatizaron que esta decisión debe mantenerse en la versión final del dictamen.
Una de las principales preocupaciones señaladas por las organizaciones es la falta de claridad en las definiciones propuestas en el artículo 3, particularmente en lo que respecta a los términos “plataforma digital”, “proveedor de plataformas digitales” y “servicio digital”. Según indicaron, tal como están formuladas, estas definiciones podrían ampliar de forma inapropiada el alcance de la ley hacia sectores que no corresponden al ámbito de las telecomunicaciones y que no deberían estar contemplados en esta regulación.