Diversas asociaciones del sector digital en México alertaron sobre lo que consideran un intento de instaurar un sistema de vigilancia masiva e inconstitucional a través de los artículos 30-B y 113-Bis del Código Fiscal de la Federación.
El llamado conjunto, firmado por organismos como la Alianza por la Internet Abierta (AlaI), la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), la CANIETI, la AMAPRO y la IAB México, advierte que la reforma propuesta por el gobierno federal permitiría a las autoridades acceder en tiempo real a bases de datos privadas de las plataformas digitales, lo que equivaldría a un espionaje sin precedentes sobre la información sensible de millones de usuarios.
“No es fiscalización, es vigilancia permanente”
De acuerdo con las asociaciones, el artículo 30-B otorga al SAT acceso directo y continuo a los registros de las plataformas en línea, bajo el argumento de “mejorar la fiscalización”. Sin embargo, las organizaciones subrayan que ese tipo de información ya se encuentra registrada y rastreable a través del sistema financiero y los CFDI, por lo que esta medida no aporta nada nuevo al control fiscal, pero sí vulnera la privacidad y el debido proceso.
“La medida es innecesaria, desproporcionada e inconstitucional; implica la intrusión permanente del Estado sin orden judicial”, advierte el documento firmado por las asociaciones.
Además, denuncian que el proyecto permitiría bloquear administrativamente a las plataformas que se nieguen a entregar datos de usuarios, lo cual equivaldría a un mecanismo de censura previa contrario a la Constitución y a los tratados internacionales sobre libertad de expresión.
🚨 Otra alerta.
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 14, 2025
Otra vía para el control y la vigilancia de los ciudadanos.
La industria digital enciende las alarmas por los artículos 30-B y 113-Bis del Código Fiscal, que vulneran la privacidad en México. pic.twitter.com/WTlCtsad4X
El verdadero objetivo: acceder a la información de los usuarios
Las organizaciones sostienen que la propuesta va más allá de la fiscalización. En la práctica, facultaría al gobierno para obtener información personal, hábitos de consumo y movimientos en línea de los usuarios de plataformas digitales, desde redes sociales hasta servicios de mensajería y comercio electrónico.
El artículo, señalan, abre la posibilidad de que la autoridad solicite datos sensibles sin límite ni control judicial, una medida que “recuerda a los modelos de vigilancia masiva de regímenes autoritarios”.
Riesgos para la economía digital
El sector tecnológico advierte que este tipo de políticas desalientan la inversión, distorsionan la competencia y afectan la confianza en la economía digital mexicana, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, creadores de contenido y plataformas locales.
“Ningún otro sector en México ni en democracias comparables está sujeto a un esquema de control tan invasivo”, subrayan los firmantes.
Piden detener la iniciativa
Las asociaciones llaman al Congreso de la Unión a retirar la propuesta y abrir un proceso de diálogo técnico y consulta pública, con el objetivo de fortalecer la transparencia fiscal sin comprometer los derechos humanos ni la privacidad digital.
En palabras de los firmantes, el artículo 30-B no busca recaudar mejor, sino vigilar más.
Y en un país con larga historia de espionaje político y uso discrecional de información, la advertencia no es menor:
México corre el riesgo de convertir la fiscalización en una herramienta de control y censura digital.