Hay corrientes políticas que dicen rechazar la propiedad privada, pero en la práctica suelen comportarse como si ciertos espacios del Estado les pertenecieran. El caso reciente en la Secretaría de Educación Pública ilustra esa paradoja.
El 13 de febrero, Marx Arriaga se negó a aceptar su salida de la Dirección General de Materiales Educativos. El equipo jurídico enviado para notificar el cambio no logró completar la diligencia y terminó retirándose. Durante el episodio, el funcionario respondió con un discurso dramático, retando incluso a que lo detuvieran por haber participado en la elaboración de los libros de texto gratuitos, en un tono que buscaba presentar la situación como persecución política.
No hubo detención ni desalojo forzoso. Sin embargo, horas después, ya cerca de la medianoche, Arriaga difundió un mensaje señalando que, tras una reunión con colectivos afines a la Nueva Escuela Mexicana, habían decidido mantenerse en las oficinas de Avenida Universidad. La dirección que encabezaba manejaba una remuneración personal superior a 160 mil pesos mensuales y operaba con un presupuesto anual de alrededor de 150 millones.
La SEP emitió un comunicado prudente donde aclaró que no existió desalojo, sino únicamente una notificación administrativa: la plaza cambiaría de carácter a partir del 15 de febrero para quedar sujeta a libre designación. El lenguaje institucional evidenció cautela frente a un conflicto que, en apariencia, no correspondería al peso político de un cargo de ese nivel.
Arriaga había llegado a esa posición en 2021 mediante designación directa, sin trayectoria previa dentro de la estructura administrativa tradicional. Diversas versiones atribuyen ese nombramiento a la influencia del entorno cercano al expresidente López Obrador.
El actual titular de Educación, Mario Delgado, afirmó que se solicitó formalmente la renuncia con fecha límite del 15 de febrero y que incluso se le ofrecieron alternativas, entre ellas otro puesto o representación diplomática, opciones que el funcionario rechazó. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el modelo educativo no será modificado sustancialmente y que únicamente se añadirán contenidos biográficos de figuras femeninas históricas.
Esa explicación no ha convencido a muchos observadores, pues resulta poco creíble que una confrontación de tal magnitud tenga como origen exclusivo la inclusión de algunos perfiles históricos. Mientras tanto, Arriaga ha iniciado una ofensiva verbal contra Delgado, acusándolo de impulsar privatización educativa y de simpatizar con políticas neoliberales, aun cuando el propio secretario ha reiterado que continuará la línea pedagógica vigente.
Más allá del conflicto personal, el trasfondo apunta a una disputa por el control ideológico del contenido escolar. Críticos del proyecto sostienen que los nuevos materiales carecen de solidez didáctica, presentan desorden conceptual y reducen el peso de las disciplinas científicas, además de privilegiar una narrativa política específica.
El episodio también refleja la resistencia de funcionarios que llegaron al aparato público durante la administración anterior y que consideran sus posiciones como intocables. Para el nuevo gobierno, el reto consiste en demostrar autoridad institucional frente a este tipo de desafíos.
Finalmente, la versión de que se habría ofrecido una salida diplomática para resolver el conflicto reavivó críticas sobre el uso político del servicio exterior. Diplomáticos retirados han señalado desde hace años que esas prácticas degradan la función profesional de las embajadas al convertirlas en refugios para resolver problemas internos.