Pese al discurso oficial sobre el combate a la corrupción, una auditoría reveló que personal del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) —bajo administración de la Secretaría de Marina desde octubre de 2023— manipuló evaluaciones técnicas para beneficiar a varias empresas con contratos por más de 100 millones de pesos, aún sin que cumplieran con los requisitos mínimos.
La investigación, a la que tuvo acceso EMEEQUIS, documenta cómo cuatro empresas —Bombas Verticales BNJ, SUPYC, MMC Interacciones y Presig— fueron calificadas con puntajes inflados durante procesos de licitación, permitiendo su participación ilegal y posterior adjudicación de contratos. Peor aún: no cumplieron con lo pactado y aun así recibieron pagos indebidos.
Caso 1: Bombas Verticales BNJ y el drenaje fantasma
La empresa Bombas Verticales BNJ obtuvo un contrato por 75.9 millones de pesos para rehabilitar el sistema de drenaje del aeropuerto. Sin embargo, debió haber sido descalificada desde el inicio: su evaluación real fue de 28.08 puntos, muy por debajo del mínimo requerido (37.5), pero el AICM le asignó 42.08 puntos de manera injustificada.
La auditoría identificó además que la empresa no tenía experiencia comprobable para una obra de esa magnitud. Presentó contratos previos sin cumplir los requisitos técnicos ni económicos establecidos. Aun así, se le otorgó el fallo el 8 de noviembre de 2023.
También se detectaron pagos sin justificación por 3.3 millones de pesos, incluyendo 3.1 millones en costos indirectos no comprobados y 162 mil pesos por mala ejecución.
Caso 2: SUPYC, MMC Interacciones y Presig, con pisos a modo
Un año y medio después, en marzo de 2024, el mismo esquema se repitió. Las empresas SUPYC, MMC Interacciones y Presig obtuvieron un contrato por 24.1 millones de pesos para retirar y reemplazar pisos vinílicos en el aeropuerto.
Nuevamente, se alteraron los resultados: la propuesta obtuvo 42.11 puntos, cuando en realidad sólo merecía 34.61, lo cual debió ser causal de descalificación. No cumplían con los requisitos técnicos ni económicos, pero el fallo fue favorable.
A este trío también se le detectaron pagos indebidos por 2.3 millones de pesos, incluyendo:
- 1.4 millones por incumplimientos en la colocación del piso vinílico,
- 308 mil por trabajos mal ejecutados, y
- 606 mil pesos por personal técnico que nunca fue debidamente acreditado.
La promesa militar vs. la realidad administrativa
La llegada de la Secretaría de Marina al AICM fue promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como una estrategia para poner fin a la corrupción. La administración de Claudia Sheinbaum ratificó esa decisión, confiando la operación a Grupo Aeroportuario Marina. Sin embargo, los hechos contradicen el discurso.
Las auditorías revelan que, entre octubre de 2023 y febrero de 2025, la Marina incumplió protocolos en contrataciones públicas, otorgamiento de licencias y concesiones, dejando abierta la puerta a irregularidades sistemáticas.
El 5 de marzo de 2025, se notificó formalmente a las áreas involucradas. Tras un plazo de cinco días hábiles, no presentaron documentación alguna que explicara o desmintiera las irregularidades señaladas. La conclusión oficial es clara: hubo adjudicaciones indebidas, evaluaciones manipuladas y pagos injustificados.
¿Y las consecuencias?
Pese a las pruebas documentadas, hasta el momento no se han anunciado sanciones administrativas ni denuncias penales contra los responsables. Este caso revive el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la administración de infraestructura civil y sobre la opacidad con que operan en materia de contrataciones públicas.
En resumen, lo que debía ser un modelo de eficiencia castrense terminó por reproducir —y ocultar— las mismas prácticas corruptas que se prometió erradicar.