La situación de la libertad de prensa en Campeche se ha deteriorado gravemente bajo la administración de Layda Sansores San Román, quien en menos de cuatro años como gobernadora ha instaurado un clima de hostigamiento, censura y persecución judicial contra periodistas y medios locales.
Una reportera de Ciudad del Carmen, que pidió el anonimato por motivos de seguridad, denunció que tanto autoridades municipales como estatales mantienen un acoso sistemático contra medios críticos, una práctica que se ha agudizado en los últimos dos años. “Es una realidad y una constante, una limitación de la libertad de expresión que jamás habíamos visto en Campeche”, aseguró.
El caso más visible es el del periodista Jorge González Valdez, exdirector del diario Tribuna, a quien Sansores acusó de incitación al odio y violencia política de género. Una jueza de Campeche llegó al extremo de prohibirle publicar cualquier contenido sobre la gobernadora y designar un interventor judicial que revisara todos sus textos antes de publicarse, una medida propia de regímenes autoritarios.
Aunque un tribunal federal suspendió esas medidas, la ofensiva contra la prensa continúa. Otros periodistas como Carlos Martínez Caamal, Abraham Martínez y Hubert Carrera Pali fueron obligados por el Tribunal Electoral de Campeche a ofrecer disculpas públicas a Sansores por críticas emitidas en su programa La Barra Noticias. El tribunal calificó sus expresiones como “violencia política de género”, en una decisión que expertos y organizaciones han señalado como un abuso de la figura jurídica para blindar a la gobernadora del escrutinio público.
El patrón es claro: en la era de Layda Sansores, la crítica se castiga con demandas, procesos judiciales, medidas cautelares y disculpas forzadas. Lo que antes era una relación abierta entre medios y funcionarios hoy se ha convertido en un muro de silencio. Los periodistas deben enviar cuestionarios previos a las vocerías para conseguir entrevistas, y el acceso a la información pública se ha vuelto cada vez más restringido.
Los datos confirman la tendencia: de 2018 a julio de 2025, la Fiscalía estatal ha abierto 12 carpetas de investigación por delitos contra periodistas. Y todo indica que estas cifras aumentarán conforme se acerque el proceso electoral de 2027.
La periodista entrevistada lo resume sin rodeos: “Es un síntoma muy grave que nos limita a informar y afecta directamente el derecho de los ciudadanos a la verdad. Con este tipo de acciones, Layda Sansores está instalando un régimen de censura en Campeche”.
Lo que ocurre en este estado debería encender las alarmas a nivel nacional: Layda Sansores no solo gobierna con ocurrencias mediáticas y escándalos, sino que también ha convertido a Campeche en un espacio donde disentir se castiga, donde opinar contra el poder puede costar cárcel, disculpas públicas o la imposición de un censor oficial.