Con decenas de denuncias formales, solicitudes de investigación y señalamientos de corrupción acumulados, los expedientes de Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez Requena continúan sin avances sustantivos. El estancamiento ha reavivado el debate sobre la autonomía de las instituciones de justicia y la posible existencia de mecanismos de protección política que bloquean cualquier acción legal.
En México, el combate a la corrupción de servidores públicos parece avanzar con especial lentitud cuando se trata de figuras cercanas al poder. De acuerdo con información pública, el actual coordinador de Morena en el Senado enfrenta al menos 37 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República. Pese a ello, no se ha informado de carpetas de investigación abiertas ni de diligencias en curso.
La percepción es clara para amplios sectores: la justicia no opera con el mismo rigor para todos.
Señalamientos de protección política y parálisis institucional
El constitucionalista Manuel Balcázar sostiene que la inacción no es fortuita. A su juicio, responde a un patrón de protección política que inhibe cualquier instrucción para proceder legalmente. Esta lectura se ve reforzada por el inmovilismo en el ámbito legislativo: existen al menos dos solicitudes formales en el Senado para investigar presuntas irregularidades patrimoniales de Adán Augusto López, además de una petición de juicio político en la Cámara de Diputados, sin que ninguno de estos mecanismos haya avanzado.
El blindaje desde las alturas del poder
Para Balcázar, el bloqueo institucional tendría un respaldo político de alto nivel. En su análisis, la protección no es solo política, sino también legal, lo que explica por qué los señalamientos de presunta corrupción y tráfico de influencias no se han traducido en responsabilidades penales ni en investigaciones formales. Esta situación profundiza las dudas sobre la eficacia real del sistema anticorrupción.
El caso Bermúdez y el silencio prolongado
En paralelo, el proceso de Hernán Bermúdez Requena, recluido en el penal del Altiplano, sigue marcado por el silencio. Su causa fue ampliada por tres meses adicionales sin que haya rendido declaración ni involucrado a su antiguo jefe, amigo y socio político. Para el especialista, la responsabilidad política es evidente: no solo por su designación, sino por haberlo mantenido en el cargo pese a los señalamientos, lo que habría derivado en conductas como peculado, cohecho, conflicto de intereses y abuso de autoridad.
Combate a la corrupción: una decisión que no llega
Analistas coinciden en que, en México, el combate a la corrupción sigue dependiendo de una decisión política que no termina de materializarse. Para los críticos del sistema actual, las resoluciones clave permanecen en pausa, sin urgencia ni incentivos para que personajes cercanos al poder enfrenten la justicia.
Mientras tanto, los expedientes se acumulan, las denuncias permanecen congeladas y la percepción de impunidad continúa erosionando la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la legalidad. La justicia, una vez más, parece no llegar.