Con esa contundencia reaccionaron diversas voces ante el fallo de la llamada Nueva SCJN, que este jueves volvió a confirmarse como un brazo obediente del poder, resolviendo en contra de empresas de Grupo Salinas sin análisis jurídico real y bajo el guion político de Morena.
La Corte desechó 15 asuntos relacionados con empresas de Ricardo Salinas Pliego, resoluciones que en conjunto representan más de 48 mil millones de pesos, una cifra utilizada como trofeo político y no como resultado de un proceso justo.
La senadora Lilly Téllez denunció que el tribunal se ha convertido en “cómplice” del régimen, intercambiando independencia por sometimiento y justicia por revancha.
“Hoy la ‘nueva SCJN’ dejó claro su papel: obedecer a Morena y a sus abusos”, escribió. Y es evidente: los ministros celebran sus resoluciones como si fueran victorias partidistas, mientras ignoran derechos fundamentales de ciudadanos y empresas.
La gravedad del momento no está solo en los montos, sino en el precedente: una Corte que actúa por consigna, que opera como instrumento de presión política y que abandona el debido proceso para cumplir caprichos fiscales.
Primero desecharon por unanimidad el amparo directo 6321/2024 —el de mayor cuantía— obligando a Grupo Elektra a asumir un crédito de 33 mil millones sin garantizar un análisis imparcial.
Después, uno a uno, fueron tirando los demás recursos: 5654/2024, 5608/2025, 5145/2025, 5731/2025, 5778/2025 y 6293/2025.
Todos desechados.
Todos alineados al discurso de Palacio.
Todos celebrados por Morena, PT y PVEM como si fueran parte de una campaña.
Lo que debería ser justicia, hoy parece simple venganza política.
Y eso —para cualquier ciudadano o empresa— es muchísimo más peligroso que cualquier litigio fiscal.