Los recursos que millones de mexicanos aportan mes con mes para su retiro representan una de las mayores fuentes de ahorro del país. Son fondos privados, producto del trabajo de cada persona, y están bajo resguardo en las llamadas Afores, las Administradoras de Fondos para el Retiro.
Pero, aunque se trata de dinero con nombre y apellido, el volumen que hoy manejan ha despertado, una vez más, la tentación del poder: la idea de que el Gobierno podría administrar directamente ese dinero.
En México, el sistema de Afores se creó hace poco más de dos décadas para sustituir el viejo esquema de pensiones públicas, que resultaba insostenible. Antes, los trabajadores y el Gobierno aportaban a un solo fondo común, y de ahí se pagaban las pensiones. El problema es que la población envejecía, había cada vez más jubilados y menos trabajadores activos, lo que hizo imposible mantener el equilibrio.
En los últimos meses se han multiplicado las señales de que el Gobierno federal podría estar interesado en tener mayor control sobre los recursos de las Afores.
La creación del llamado Fondo de Pensiones del Bienestar fue un primer paso: el Gobierno decidió que los fondos no reclamados de las cuentas inactivas, es decir, dinero de personas que no localizaron su Afore o no la reclamaron a tiempo, serían transferidos a ese fondo para financiar pensiones públicas.
La promesa fue que, si alguien llegaba después a reclamar su dinero, se le devolvería.
Ese movimiento encendió las alertas en el sector financiero. Porque más allá de lo legal, abre la puerta a una práctica peligrosa: utilizar recursos privados con fines públicos.
Es dinero privado de los trabajadores y sería gravísimo que el Gobierno decida en qué invierte ese dinero.
La preocupación crece porque el régimen de inversión de las Afores puede modificarse por decisión administrativa, sin necesidad de pasar por el Congreso.
En teoría, bastaría con cambiar las reglas para que los recursos de los trabajadores sólo puedan invertirse en ciertos proyectos gubernamentales, por ejemplo, infraestructura, energía o programas sociales.
No se trataría de una confiscación abierta, pero sí de una intervención velada que pondría en riesgo el rendimiento, la independencia y la naturaleza privada de las cuentas individuales.
Esto ya ocurrió en Argentina, donde en 2008 el gobierno expropió los fondos privados de pensiones con el argumento de “proteger a los trabajadores”.
El resultado fue terrible: se perdió la autonomía del sistema, se redujeron los rendimientos y se debilitó la confianza en el ahorro individual. En México, ese escenario puede ser posible, modificando las reglas bajo la idea de que “el Estado debe manejar los recursos”.
No es un secreto que, en momentos de necesidad de liquidez, los gobiernos quieran buscar fuentes de dinero, y pocas son tan grandes como las Afores.
La diferencia es que en este caso no se trata de fondos públicos, sino de patrimonio privado, producto del trabajo de millones de mexicanos que han cotizado durante años.
Cada intento de tocar esos recursos erosiona la confianza en el sistema y, sobre todo, pone en riesgo el futuro de quienes dependen de ese ahorro para sobrevivir cuando se jubilen. Hoy más que nunca, con un fondo que representa casi una cuarta parte del PIB, los trabajadores deben decidir si quieren un sistema de ahorro libre o un sistema controlado por el Gobierno.
Esta semana se celebra la Convención Nacional de Afores en Santa Fe, un encuentro en el que los principales actores del sector discuten los avances, los retos y el futuro del sistema.
Es una realidad: instituciones financieras en México están enfrentando presiones fiscales crecientes por parte del Gobierno federal.
La tentación de usar el dinero de los trabajadores para aliviar las finanzas públicas o impulsar proyectos gubernamentales estará, sin duda, sobre la mesa en esta convención; es un tema muy preocupante.
Los recursos de las Afores son sagrados. No pueden ni deben convertirse en un instrumento político o financiero del Estado. Son el resultado del trabajo de millones de mexicanos que confían en que, al final de su vida laboral, ese dinero estará ahí para ellos.
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Si eres trabajador y no sabes en qué Afore estás, revisa tus estados de cuenta.
Si no lo recuerdas, consulta el sitio oficial Afore Móvil o llama al teléfono de atención para saberlo.
Cada persona tiene derecho a elegir la Afore que le ofrezca mejores rendimientos, aunque no esté ligada a un banco. Existen Afores pertenecientes a grupos financieros, aseguradoras y firmas de inversión independientes.
Conocer dónde está tu ahorro no es sólo un acto de responsabilidad, sino también de defensa. Porque si mañana se cambiara el régimen de inversión o se centralizara el manejo, sólo los ciudadanos informados podrían reaccionar a tiempo.
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El debate de fondo es político y económico. Algunos sectores dentro del Gobierno sostienen que los recursos de las Afores deben contribuir más directamente al desarrollo nacional. En teoría, no suena mal. Pero la pregunta es: ¿a costa de quién?
El dinero de las Afores no es público. No proviene de los impuestos, ni del erario. Es dinero de los trabajadores y de sus empleadores, con una pequeña aportación del Estado. Convertirlo en un fondo “de interés público” es alterar su naturaleza.
Y hacerlo sin consentimiento directo de los ahorradores equivaldría, en la práctica, a una expropiación parcial.