Una investigación reciente ha sacado a la luz posibles irregularidades financieras relacionadas con Ignacio Rodríguez Ceballos, conocido como «El Chapucero», y su familia. La empresa familiar, Grupo Hojas Políticas de Comunicación, S.A. de C.V., ha sido señalada por recibir contratos públicos mediante adjudicación directa y por presuntas operaciones de lavado de dinero en Estados Unidos.
Contratos públicos sin licitación
Desde 2014, Grupo Hojas Políticas de Comunicación ha obtenido al menos siete contratos con diversas dependencias del gobierno mexicano, incluyendo el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Turismo (SECTUR) y la Secretaría de Economía. Estos contratos, que suman aproximadamente 1.5 millones de pesos, fueron otorgados por adjudicación directa, sin procesos de licitación pública
En 2011, la empresa fue fundada en Tabasco por Ignacio Rodríguez Ceballos y sus hermanos. En 2019, las acciones fueron transferidas a sus padres, Ignacio Rodríguez Castro y Ana Lilia Ceballos, quienes actualmente administran la empresa
Presunta triangulación y lavado de dinero
Informes recientes indican que parte de los recursos obtenidos por la empresa podrían haber sido transferidos a Estados Unidos a través de operaciones inmobiliarias en Texas. Estas transacciones, presuntamente realizadas mediante empresas pantalla, están bajo investigación por autoridades financieras estadounidenses por posibles delitos de lavado de dinero .
La coincidencia en fechas y montos entre los contratos públicos y las adquisiciones inmobiliarias ha generado sospechas sobre una posible estructura de simulación empresarial y colusión mediática financiada con recursos públicos.
Reacciones y contexto
La revelación de estos hechos ha provocado diversas reacciones en redes sociales y medios de comunicación. Algunos usuarios han expresado su preocupación por el uso de recursos públicos y la falta de transparencia en la asignación de contratos .
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la asignación de contratos públicos, así como de investigar a fondo las operaciones financieras que involucren recursos del erario.