El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó aplicar una multa de 21 millones 614 mil 050.69 pesos al partido Morena, por no entregar los informes de precampaña de sus candidatos a diputados federales y senadores correspondientes al proceso electoral 2023-2024, y por omitir los gastos de bardas, espectaculares y mantas.
Durante la votación en lo general del proyecto, los consejeros dieron su aval por unanimidad; sin embargo, en lo particular, fue desechada la propuesta de Carla Humphrey de aumentar a 200 por ciento la sanción sobre el monto involucrado en la conducta antijurídica consistentes en la comisión de egresos no reportados, con 10 votos a favor y uno en contra.
En la sesión virtual realizada este lunes, avalaron el proyecto que estableció que dicho partido reportó sus gastos de precampaña fuera de los mecanismos establecidos, sin generar una distinción del tipo de cargo de elección popular, lo que atentó contra lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley General de Partidos Políticos y generó una afectación “a los mismos bienes jurídicos tutelados”.
Desde el año pasado se impuso la sanción a Morena, pero este impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó al INE justificar su decisión.
En la resolución de dos expedientes sobre el incumplimiento de fiscalización, se estableció que en el primero había una multa original de 4 millones 481 mil 568 pesos, pero tras la revisión que ordenó el TEPJF, se redujo a 3 millones 423 mil 420 pesos, mismos que serán descontados por el INE en una proporción del 25 por ciento de la ministración mensual que recibe, hasta alcanzar el equivalente a esta multa.
Respecto a la segunda sanción, originalmente se acordó por 18 millones 202 mil 058.35 pesos, pero disminuyó a 18 millones 190 mil 630.69 pesos, ya que Morena omitió reportar gastos realizados por concepto de carteleras, pinta de bardas, mantas y espectaculares durante el periodo de precampaña.
“No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar”, indicó el proyecto de Guadalupe Taddei.
El proyecto agregó que “no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad”.
El resolutivo de Taddei subrayó que la omisión propicia “la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos como principios rectores de la actividad electoral”.
Durante la sesión, los consejeros acataron la sentencia del TEPJF, para que el 31 de agosto se realicen las elecciones extraordinarias en el municipio de Pantelhó, Chiapas, tras cuatro años de conflictos sociales agravados por un contexto generalizado de violencia en la entidad.
En mayo pasado, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al Congreso de Chiapas que convoque a elecciones este año en Pantelhó, que desde 2021 sus habitantes no pueden elegir a sus gobernantes por condiciones de inseguridad.
Impugnan agrupaciones la Judicial
› Por Sergio Ramírez
En la calle, sin acceso a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) que cerró sus puertas por “protocolo de seguridad”, representantes de la organización Somos Mx, jueces y magistrados presentaron el juicio de nulidad contra el proceso de elección judicial 2025.
El documento fue recibido detrás de las rejas por personal de la oficialía de partes del INE, en el cual se sustentaron múltiples violaciones en el proceso, tales como uso indebido de padrones, intervención de autoridades, ruptura de las cadenas de confianza, boletas no inutilizadas, votos no contados y constancias retrasadas.
Emilio Álvarez Icaza, integrante de Somos Mx, afirmó que lo ocurrido ayer confirma el retroceso institucional que vive el país. Señaló que impedir el acceso a una organización ciudadana que busca ejercer un derecho legal es una muestra clara de miedo y búsqueda de control ciudadano.
- 13.3 Por ciento del padrón electoral acudió a las urnas el 1 de junio
“Lo que entregamos hoy no es una queja, es una exigencia con sustento. Impugnar es ponerle un límite al abuso y es también una apuesta por el futuro. No hay democracia sin justicia, y no hay justicia sin ciudadanía vigilante”, declaró.
Froylán Muñoz Alvarado, magistrado del Tribunal Colegiado de lo Penal en Michoacán, respaldó la presentación del juicio de nulidad al que denominó como “juicio madre”, e hizo un llamado a la Sala Superior del Tribunal Electoral, para que actúe con responsabilidad histórica ante una elección de Estado.
“Tuvimos una participación decorosa, pero es difícil que una persona se enfrente a una nomenclatura del Estado sin recurso. No resulté electo, pero me llevo la experiencia, hubo un dilema entre los titulares, participamos 220, más o menos 20 fueron los que salieron electos, pero no en los estados donde estaba el partido oficial”, dijo.
Acusó que fue “un proceso viciado, seguido de tómbolas… Hubo un efecto corruptor durante todo el procedimiento”.