Pese a que la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano dijo a medios de comunicación que en el daño en recursos por el contrabando de combustible, llamado ahora “huachicol fiscal” se tenía reportado 600 mil millones de pesos, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no fue la funcionaria quien dijo esa cifra.
En imágenes se observa a Galeano García responder a preguntas de medios de comunicación sobre una pregunta abierta de cuánto es el monto que han detectado en temas de “huachicol fiscal”, la procuradora respondió:
“Estimado de cuánto afecta, no pues tenemos cifras, son 600 millones reportados, llevamos 16 mil millones querellados, 600 mil reportados, 16 mil querellados, tenemos que seguir avanzando en la integración de las investigaciones y las carpetas para saber exactamente caso por caso cuánto nos puede reportar de posible recuperación después de lo denunciado ante la Fiscalía General de la República”.
Al reiterarle la pregunta:
-El estimado son 600 mil y hasta la fecha tienen…
-Lo reportado son 600 mil, vamos en 16 mil poco a poco. Respondió.
Las declaraciones se dieron en el marco de la comparecencia que Galeano dio a la Cámara de Diputados.
Esta mañana, mientras el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero tenía el uso de la palabra, Proceso preguntó sobre el monto mencionado por la procuradora fiscal con la finalidad de solicitar el desglose de esa cantidad; sin embargo, la mandataria federal intervino para responder:
-Ella no lo declaró, fue un diputado quien hizo esta pregunta, pero ella no lo declaró.
-No fue en una…
-En una comparecencia de ella, pero ella no lo declaró
-En una entrevista que hicieron medios al salir…
-Sí, pero ella no lo declara.
-¿A cuánto ascendería el monto del daño?
-Bueno, hay que estimarlo, aseveró Sheinbaum.
El impacto económico del llamado huachicol fiscal ha alcanzado una magnitud sin precedentes, con 600 mil millones de pesos en daños al erario público, según las investigaciones en curso y los casos reportados por la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Esta cifra, revelada por Grisel Galeano García, procuradora Fiscal de la Federación, representa el costo estimado para el fisco mexicano derivado del contrabando de combustibles, una práctica que consiste en ingresar gasolinas al país bajo la apariencia de otros productos para evadir el pago de impuestos.
Mientras el diputado del PAN, Homero Niño De Rivera Vela consideró vital conocer información sobre el contrabando de combustible, que representó cerca de 170 mil millones del año pasado.
Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, lamentó que de 2022 a 2025 no se llevó a cabo el reporte sobre contrabando de combustibles e importaciones de aceites y lubricantes, por lo que solicitó a los funcionarios hagan el alcance correspondiente a fin de conocer cuál fue la evolución de esto.
Denuncias formales representan 16 mmp
Grisel Galeano García procuradora Fiscal de la Federación comparecencia Cámara de Diputados huachicol Fiscal (Captura)
Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Galeano García detalló que 16 mmdp corresponden a denuncias formales ya presentadas.
Mientras, Téllez Hernández, señaló que de las 102 querellas presentadas por 16 mil millones de pesos apenas representan el 2.7 por ciento de los 600 mil millones de pesos calculados por huachicol fiscal.
La funcionaria federal subrayó que el proceso de investigación continúa, y que la integración de expedientes y carpetas permitirá determinar con mayor precisión el monto que podría recuperarse tras las denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República.
La procuradora enfatizó que el contrabando de gasolinas está intrínsecamente vinculado a esquemas de delincuencia organizada, lo que complica y prolonga las investigaciones, que pueden extenderse por más de un año.
En su diálogo con los medios, Galeano García evitó precisar si las querellas ya presentadas, incluyen a los miembros de la Secretaría de Marina recientemente implicados con el huachicol fiscal. No obstante, sí confirmó que existen funcionarios y exfuncionarios involucrados en los procesos judiciales.