Lo ocurrido hace diez días en el Tren del Istmo no fue un «accidente lamentable», como intenta vender la narrativa oficial; fue la crónica de una tragedia anunciada, cimentada en la corrupción, el nepotismo y la incompetencia criminal. Trece muertos es el saldo de un modelo de negocios donde el gobierno federal, la Marina y los hijos del expresidente decidieron que la seguridad de los mexicanos valía menos que sus contratos.
La figura de Gonzalo «Bobby» López Beltrán emerge en este escenario con un cinismo que hiela la sangre. Su frase de cabecera, «yo solo estoy en los negocios», no es una excusa, es una confesión de parte. Al intentar lavarse las manos tras el descarrilamiento, el hijo del expresidente confirma lo que ha sido un secreto a voces: el gobierno se convirtió en una gerencia familiar. Pretender ahora que su rol de «supervisor» era meramente decorativo es un insulto a la inteligencia; si él supervisaba y el tren colapsó por materiales de basura, su negligencia es tan letal como la corrupción que denuncia.
Pero «Bobby» no actuó solo. Su defensa, que consiste en aventar a la Marina debajo del tren —literal y figuradamente—, destapa la cloaca en la que se ha convertido la Secretaría de Marina. Bajo el mando del almirante Rafael Ojeda Durán, la institución dejó de ser garante de la seguridad nacional para convertirse en una constructora opaca y voraz.
La acusación que sale del entorno de López Beltrán es gravísima y pinta de cuerpo entero a la administración militar: alegan que los almirantes se robaron el balastro de calidad para revenderlo y rellenaron las vías con material inservible. Si esto es cierto, la Marina no solo es incompetente, es una mafia uniformada que lucra con la infraestructura pública. El «honor» y la «lealtad» quedaron enterrados bajo toneladas de piedras baratas y contratos sin licitar.
Y por encima de este pleito de mafiosos, está el Gobierno Federal. La administración actual y la pasada son las arquitectas de esta impunidad. Blindaron estas obras bajo el pretexto de «Seguridad Nacional» no para proteger al país, sino para protegerse a ellos mismos de las auditorías. La opacidad en la compra de balastro —ya sea a los amigos de «Bobby» o al régimen cubano— fue una decisión política deliberada desde Palacio Nacional.
Hoy, mientras las familias lloran a sus muertos, presenciamos un espectáculo grotesco: el hijo del poder culpa a los militares, y los militares se esconden tras sus medallas y el silencio institucional. Nadie asume la responsabilidad porque en el fondo, todos son socios. El descarrilamiento del Tren del Istmo no es un hecho aislado; es el retrato de un régimen que prometió transformación y entregó un sistema donde la corrupción de la familia presidencial y la voracidad de la cúpula militar viajan en primera clase, mientras el pueblo pone los muertos.