La Cámara de Diputados de México avaló el martes por la noche una ley contra la extorsión que prevé penas de cárcel hasta 25 años, la apertura de investigaciones de oficio y el bloqueo inmediato de los números telefónicos utilizados en extorsiones, que han ido al alza en el último año.
Con 339 votos a favor, 100 en contra y cuatro abstenciones, el gobernante Morena y sus aliados aprobaron la iniciativa impulsada por la presidenta, Claudia Sheinbaum. Forma parte del plan nacional presentado en julio para combatir la extorsión, que se incrementó un 20,8% entre enero y septiembre, en comparación con el mismo período del año pasado, según cifras oficiales. La ley pasará en los próximos días al Senado para su aprobación final.
La ley contempla un mismo tipo penal único y penas homologadas en los 32 estados de seis a 15 años de prisión, que puede llegar hasta los 25 años dependiendo de los agravantes.
En un intento por hacer frente a los casos no reportados ante las autoridades, que rondan el 97%, la ley prevé que el delito podrá perseguirse de oficio, sin necesidad de denunciante, y permitirá denunciar de manera anónima para proteger la vida.
Entre las modalidades de extorsión que se contemplan en el texto están la telefónica, la digital y la realizada desde los penales.
Asimismo, se establece el bloqueo inmediato de los números telefónicos empleados para la comisión del delito y la colaboración de las empresas de telecomunicaciones.
La iniciativa avalada por los diputados también prevé cambios en el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes.
La aprobación de la ley se da una semana después del asesinato de Bernardo Bravo, un líder de productores de limones del estado occidental de Michoacán, quien había denunciado las fuertes extorsiones a las que estaba sometido el sector por parte del crimen organizado.
Bravo murió de un disparo en la cabeza y su cuerpo fue localizado el 20 de octubre dentro un vehículo en un camino del violento municipio de Apatzingán.
Ante la conmoción provocada por el homicidio, el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, y el de Defensa, el general Ricardo Trevilla, viajaron el martes a Apatzingán para conversar con los productores y anunciar el refuerzo de la seguridad en esa región.
García Harfuch aseguró que el asesinato de Bravo no quedará impune y que se detendrá a los responsables.
La extorsión es una práctica habitual desde hace años en distintos puntos de México, generalmente ejecutada por cárteles locales que mantienen un fuerte control sobre los productores. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), uno de los mayores gremios empresariales del país, reportó en octubre que, en los nueve primeros meses del año, la extorsión tuvo un costo para el sector de alrededor de 1.000 millones de dólares.