La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió esta semana un caso que podría marcar un precedente importante en materia fiscal y penal. En voz de la ministra Loretta Ortiz, el máximo tribunal determinó que ni el Estado ni los municipios pueden cobrar dos veces por el mismo concepto, ni atribuir delitos a quienes solo actúan como representantes legales de una empresa.
El fallo deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 157/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Código Hacendario del Municipio de Tlapacoyan, Veracruz, que permitía un “impuesto adicional” sobre contribuciones ya pagadas.
La Corte invalidó los artículos que establecían ese doble cobro al considerar que violaban el principio constitucional de proporcionalidad tributaria.
“Cada contribuyente debe aportar al gasto público según sus posibilidades, no más”, dijo Ortiz durante la sesión.
En el mismo sentido, el pleno declaró inválido el artículo 97 del mismo código, que establecía responsabilidad penal automática para los representantes legales de las empresas por supuestos delitos fiscales de la persona moral. La Corte recordó que nadie puede ser castigado sin haber cometido un delito de forma dolosa o culposa.
¿Se puede cobrar impuestos dos veces por lo mismo? 🤔 💲
— Loretta Ortiz Ahlf (@lorettaortiza) October 14, 2025
¿O castigar penalmente a alguien solo por representar a una empresa, aunque no haya cometido ningún delito? ⚖️
Hoy en la @SCJN resolvimos la Acción de Inconstitucionalidad 157/2024, y dos puntos destacan por su impacto… pic.twitter.com/GQ1cQKfXKa
Un giro en la discusión tributaria
La resolución llega en un contexto de creciente tensión entre empresarios y autoridades fiscales. En los últimos años, figuras como Ricardo Salinas Pliego han cuestionado los métodos del SAT y la desproporción de algunos cobros y sanciones. Aunque el fallo no menciona casos particulares, el razonamiento coincide con las posturas que el empresario ha sostenido públicamente: que el Estado no debe duplicar impuestos ni criminalizar la representación corporativa.
Juristas y analistas fiscales coinciden en que la decisión fortalece el principio de justicia tributaria y restringe los excesos de autoridad que han afectado tanto a contribuyentes como a empresas.
En términos simples, la Corte recordó algo esencial: pagar impuestos no debe convertirse en un castigo, ni la figura del representante legal en una condena anticipada.