En el ecosistema de los medios del Estado, la frontera entre el periodismo y la propaganda a menudo se vuelve difusa, abriendo un debate sobre el uso de los recursos públicos. Un caso emblemático de esta dinámica es el de la escritora Sabina Berman, cuyo programa «Largo Aliento», transmitido por Canal Once, se ha posicionado como una influyente plataforma para la narrativa afín al gobierno de Claudia Sheinbaum.
Información de contratos públicos indica que Berman habría percibido más de 720 mil pesos en lo que va de 2025 por la conducción del programa. Esta cifra se suma a pagos recibidos a finales de 2024, elevando sus ingresos por arriba de los 890 mil pesos desde el inicio de la actual administración. Estas remuneraciones mantienen la tendencia del sexenio anterior, donde la dramaturga también recibió contratos significativos por sus servicios en la televisora del Instituto Politécnico Nacional.
Más allá de los montos, el foco de la controversia reside en el contenido editorial de «Largo Aliento». El programa de entrevistas se ha distinguido por recibir a un desfile constante de figuras centrales o simpatizantes del partido en el poder. Personalidades como la ministra Lenia Batres, así como Jenaro Villamil, Fabrizio Mejía, Beatriz Gutiérrez Müller y Paco Ignacio Taibo II, han sido invitados recurrentes, consolidando una línea discursiva que rara vez se desvía del guion oficial.
Las conversaciones, a menudo, operan más como un vehículo para reforzar las posturas gubernamentales y legitimar políticas que como un ejercicio de cuestionamiento periodístico. Este formato ha convertido a «Largo Aliento» en una eficaz herramienta de comunicación política, donde el análisis crítico es frecuentemente sustituido por la apología del poder.
La situación aviva la discusión sobre el verdadero rol de los medios estatales en una democracia. Mientras Canal Once opera con fondos del erario, la preeminencia de una sola visión ideológica en su programación estelar plantea serios interrogantes sobre la pluralidad y la equidad que deberían garantizar las plataformas financiadas por todos los contribuyentes. El caso de Sabina Berman se convierte así en un emblema del debate sobre dónde termina el periodismo de Estado y dónde comienza la propaganda gubernamental.
Según una investigación del académico de la Universidad de Guadalajara, Arturo Herrera, documentada a través de la plataforma Compras MX y reportada por el medio etcétera, Berman habría percibido 724,361 pesos en lo que va de 2025. Esta cifra, desglosada en cuatro contratos bimestrales, se suma a un contrato previo del último trimestre de 2024 por 173,036 pesos, elevando el total durante el actual sexenio a 897,437 pesos.
Estas cifras continúan una tendencia observada durante la administración anterior, donde, según documentó etcétera, la dramaturga cobró en promedio un millón de pesos anuales por sus servicios en la televisora del Instituto Politécnico Nacional.
Más allá de los montos, el foco de la crítica se centra en el contenido editorial de «Largo Aliento». El programa de entrevistas se ha caracterizado por recibir a un desfile de invitados que, en su mayoría, son figuras centrales o simpatizantes del partido en el poder. Personalidades como la ministra Lenia Batres, así como Jenaro Villamil, Fabrizio Mejía, Beatriz Gutiérrez Müller y Paco Ignacio Taibo II, han ocupado recurrentemente ese espacio, consolidando una línea discursiva que rara vez se desvía del guion dictado desde Palacio Nacional.
Las entrevistas, más que ejercicios de cuestionamiento periodístico, a menudo se convierten en conversaciones a modo que sirven para reforzar las posturas gubernamentales, legitimar políticas y desacreditar a las voces de la oposición. Este formato ha transformado a «Largo Aliento» en un efectivo vehículo de propaganda, donde el análisis crítico es sustituido por la apología del poder.
La situación de Berman en Canal Once aviva la discusión sobre el rol de los medios del Estado en una democracia. Mientras la televisora pública opera con fondos del erario, la preeminencia de una sola visión ideológica en su programación estelar plantea interrogantes sobre la pluralidad y la equidad en el acceso a las plataformas de comunicación financiadas por todos los contribuyentes. El caso de Sabina Berman se convierte así en un emblema del debate sobre dónde termina el periodismo de Estado y dónde comienza la propaganda gubernamental.