La presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado una iniciativa para reformar la Ley de Amparo que, a pesar de su discurso a favor de los grupos más vulnerables, es un claro retroceso en la protección de los derechos humanos en México. A diferencia de otras propuestas heredadas, esta es de su autoría y tiene un solo objetivo: limitar el acceso a la justicia y facilitar el abuso de poder.
El interés legítimo, la clave del retroceso
El punto central de la iniciativa es el «interés legítimo», una figura legal que fue un avance democrático en 2011. Gracias a ella, el amparo dejó de ser un recurso exclusivo para afectaciones directas a propiedades o personas y se abrió a problemas colectivos. Por ejemplo, una comunidad podía interponer un amparo para detener un proyecto que contaminaba un río, incluso si el agua no pasaba directamente por sus casas. Era una herramienta vital para defender el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.
La propuesta de Sheinbaum busca revertir esto. Su iniciativa obliga a que la afectación sea una «lesión jurídica real, actual y diferenciada» y que el amparo produzca un «beneficio cierto, directo». En la práctica, esto cierra la puerta a los casos donde el daño es colectivo. Va en contra de lo que establece el artículo 107 de la Constitución, que permite los amparos por afectaciones tanto directas como indirectas.
Esto no es un ajuste técnico; es un intento de dejar a los ciudadanos sin un recurso efectivo para defenderse del gobierno o de grandes corporaciones.
Una iniciativa más del proyecto obradorista
Esta reforma no es un hecho aislado. Se suma a una serie de iniciativas impulsadas en los últimos años que buscan debilitar a los tribunales y restringir las vías de defensa ciudadana.
- Ya se prohibió que los amparos y suspensiones tuvieran efectos generales.
- Ya se aprobó una reforma que busca blindar los cambios constitucionales para que no puedan ser revisados por la justicia.
Ahora, con esta iniciativa, el amparo se convertiría en un mecanismo aún más débil y menos accesible. Si se aprueba, la justicia en México no morirá, pero se convertirá en una herramienta exclusiva del poder. Es una contribución de la presidenta al proyecto de regresión autoritaria que busca debilitar los derechos y garantizar la impunidad.