México vive un punto de quiebre. Lo que a simple vista parece una “reforma judicial” para modernizar el juicio de amparo es, en realidad, una maniobra calculada para desarmar a la ciudadanía, someter al Poder Judicial y blindar políticamente al gobierno de Claudia Sheinbaum y Morena. Detrás de términos amables como “interés general” y “digitalización de procesos” se esconde un golpe estructural a los derechos humanos y a la democracia, que además sirve como arma para perseguir a empresarios críticos como Ricardo Salinas Pliego.
Amparo mutilado: de escudo ciudadano a trámite decorativo
El juicio de amparo es el mecanismo que protege a cualquier persona frente a abusos de autoridad. Pero la iniciativa presidencial enviada al Senado el 15 de septiembre desmonta sus bases:
- Suspensiones a la carta del gobierno: Bajo el pretexto del “interés general”, los jueces ya no podrán frenar de inmediato leyes o actos de autoridad. Si una casa está por ser demolida injustamente, el amparo ya no la salvaría: cuando la sentencia llegue, la casa será escombros.
- Fin del amparo colectivo: Hoy una sola demanda puede proteger a comunidades enteras —ambientalistas, pueblos indígenas, consumidores—. Con la reforma, cada ciudadano quedará aislado, sin posibilidad de defender derechos colectivos.
- Golpe al interés legítimo: Esta figura permitió amparos históricos, como los que obligaron al Estado a actuar en Ayotzinapa o a regular la publicidad oficial. Redefinirla significa que menos personas podrán cuestionar abusos de poder.
- Jueces maniatados: Se limitan los tribunales competentes, se endurecen los requisitos de demanda y se legaliza la “imposibilidad” de cumplir sentencias, el argumento que ya usaron gobiernos para evadir fallos en casos como Ayotzinapa.
Abogados como Luis Eliud Tapia Olivares lo advierten sin rodeos:
“Es una reforma pro autoridad. Presume que todo lo que hace el gobierno es legítimo, vacía al amparo de su esencia y lo convierte en un adorno histórico”.
El caso Salinas Pliego: laboratorio de la represión legal
Mientras la reforma avanza, la maquinaria de persecución política ya está en marcha. El caso de Ricardo Salinas Pliego es el ejemplo más brutal: un conflicto presentado como fiscal, pero ejecutado como vendetta política.
- Extorsión fiscal disfrazada de legalidad: El SAT infló un litigio de 11 mil millones de pesos hasta 74 mil millones con “sanciones” arbitrarias.
- Hostigamiento sistemático: Más de 200 menciones en conferencias presidenciales, campañas de bots y rumores de quiebra de Banco Azteca fabricados desde el gobierno.
- Ruptura de acuerdos: Incluso después de negociar un pago con el presidente López Obrador y su procurador fiscal, el gobierno rompió los compromisos y radicalizó su embate.
¿Por qué? Porque Salinas Pliego ha sido un crítico frontal: cuestionó el adoctrinamiento en los libros de texto, denunció la pasividad en el huracán Otis y exhibió la relación entre Morena y el crimen organizado. La represalia fue inmediata: exclusión de TV Azteca de la publicidad oficial y una ofensiva legal sin precedentes.
Un Poder Judicial a modo: la pieza que faltaba
Nada de esto sería posible sin un Poder Judicial rediseñado para obedecer. La reforma judicial de 2024 —con elecciones amañadas, participación de apenas 13 % y fraude documentado— entregó a Morena el control total de jueces y ministros.
Hoy, magistrados que surgieron de ese proceso, como la ministra Lenia Batres y el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, actúan con abierta hostilidad hacia Salinas Pliego, declarando su intención de fallar “conforme a la instrucción del gobierno federal”.
Es el manual de Cuba, Venezuela y Nicaragua, aplicado con precisión quirúrgica: controlar tribunales, neutralizar contrapesos y convertir la ley en un instrumento de castigo.
La cortina de humo perfecta
Mientras la economía se desacelera, la violencia se dispara, faltan medicamentos y crece la presión de Estados Unidos por narcotráfico y migración, el gobierno necesita desviar la atención. Convertir a un empresario incómodo en enemigo público cumple esa función: distrae, cohesiona a la base y manda un mensaje de miedo al resto del sector privado.
Riesgo para todos: democracia, inversión y libertades
El mensaje es inequívoco: hoy es Salinas Pliego, mañana puede ser cualquiera. Empresarios, activistas, periodistas e incluso ciudadanos comunes enfrentan un escenario donde pagar impuestos, generar empleo o acatar la ley no basta para protegerse de un Estado que usa la fuerza fiscal y judicial como garrote político.
La erosión del Estado de derecho no solo amenaza la democracia mexicana. Inversionistas globales, socios comerciales y organismos de derechos humanos ya leen las señales de alerta: un país donde los tribunales obedecen al Ejecutivo y la justicia se reparte por consigna es un país de alto riesgo.
La reforma al amparo y la persecución a Ricardo Salinas Pliego no son historias separadas, sino dos frentes de una misma estrategia: blindar al poder, acallar las críticas y reconfigurar a México como un Estado sin contrapesos.
Permitir que esta reforma se apruebe y que el hostigamiento contra Grupo Salinas continúe es aceptar que la justicia deje de ser un derecho y se convierta en un privilegio otorgado por el gobierno de turno.
En palabras simples: un país donde la ley se usa como arma deja de ser una democracia y se convierte en una maquinaria de control. Hoy el blanco es Ricardo Salinas Pliego; mañana podría ser cualquier voz que se atreva a decir la verdad.