Lo que hoy advierten los controladores aéreos no es una exageración: si ocurre una tragedia en los cielos mexicanos, la sangre manchará directamente las manos del SAT y de la Secretaría de Hacienda.
El recorte del 40% al presupuesto de 2023-2024 ha dejado a los controladores trabajando “bajo protesta”, en condiciones que cualquier país serio consideraría criminales:
- Radares meteorológicos que existen pero no funcionan ni están instalados.
- Aeropuertos que carecen de equipo básico para prever tormentas o turbulencias.
- Torres de control con fallas tan ridículas como elevadores descompuestos.
- Un déficit del 50% de controladores, obligando a los existentes a jornadas que provocan fatiga extrema.
El líder sindical José Alfredo Covarrubias lo dijo sin rodeos: “Si sucede un accidente, la responsabilidad será de Hacienda”. Y tiene razón: el SAT presume récords de recaudación y hostiga a contribuyentes pequeños, pero niega recursos para lo que de verdad salva vidas.
La paradoja es evidente: mientras el gobierno presume el AIFA como joya de la corona, los aeropuertos sobreviven con equipos obsoletos, infraestructura parchada y personal insuficiente.
Si mañana un avión cae, no será por azar: será porque el SAT prefirió exprimir bolsillos antes que garantizar seguridad. Será porque el recorte fue más importante que la vida. En una palabra: culpables.