La turbulencia que rodea a Andrés “Andy” López Beltrán no solo es un capítulo de intrigas familiares: puede salpicar a quienes crecieron a su sombra dentro del gobierno. Uno de los nombres en la mira es el de Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT desde octubre de 2022, cuya llegada —señalan sus críticos— se habría apoyado en la cercanía con “Andy” y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, sus compañeros de la escuela Logos.
Desde entonces, la autoridad fiscal presume firmeza frente a grandes contribuyentes. Sin embargo, una parte relevante de esos “logros” descansa en créditos fiscales que, en los hechos, resultan incobrables: montos que engrosan estadísticas, pero que no siempre se traducen en ingresos efectivos para la tesorería. El contraste entre cifras brutas (lo determinado en auditorías) y recaudación neta (lo que realmente entra a caja) es el corazón de la controversia.
El patrón que irrita
Dentro y fuera del organismo se repite la misma crítica: bajo Martínez Dagnino, el SAT habría reforzado su papel como instrumento de presión más que como administración tributaria eficiente. No se trata solo de litigios de alto perfil; también pesan los señalamientos por colocar cuadros afines en posiciones estratégicas y por la discrecionalidad con la que, de acuerdo con sus detractores, se decide a quién se aprieta, a quién se exhibe y a quién se le concede aire.
La narrativa oficial habla de implacabilidad contra la evasión; la lectura de pasillo lo pinta como operador político con bandera recaudatoria. Ese doble rostro ha encendido alertas en empresarios, dueños de medios, opositores y personas físicas.
Por qué importan los “incobrables”
Crédito fiscal incobrable no es sinónimo de fraude; es el resultado de un proceso que puede incluir auditorías, determinaciones, impugnaciones y, a veces, insolvencia real del deudor. El problema aparece cuando la comunicación pública confunde “determinar” con “cobrar”. Si la medición del desempeño del SAT privilegia lo primero, se corre el riesgo de inflar expectativas y distorsionar incentivos internos: perseguir montos espectaculares aunque sean de baja probabilidad de recuperación.
En términos de política pública, eso implica:
- Eficiencia cuestionable: más expedientes “ganables en el papel” que recursos líquidos en Hacienda.
- Costos de transacción altos: litigios prolongados, incertidumbre regulatoria y freno a inversiones.
- Percepción de arbitrariedad: cuando el énfasis luce selectivo, la confianza se erosiona.
El factor político
El caso Martínez Dagnino se volvió paradigmático del modo en que el círculo cercano de López Beltrán habría tejido redes en áreas clave del gobierno de Claudia Sheinbaum. Al frente del SAT, no solo recauda: define prioridades y marca ritmos. En un ecosistema hiperpolitizado, esa capacidad multiplica su peso y vuelve difusa la frontera entre política y técnica.
Lo que debería transparentarse ya
Para despejar dudas y medir el desempeño con seriedad, el SAT —y Hacienda— tendrían que presentar de forma regular y abierta:
- Recaudación neta por tipo de acto (auditoría, autocorrección, cobranza coactiva) y por sector.
- Tasa de recuperación de créditos determinados: cuánto se convierte efectivamente en ingresos y en qué plazos.
- Índices de litigiosidad: cuántos créditos se caen en tribunales y por qué.
- Criterios de priorización: cómo se seleccionan los casos relevantes y con qué criterios de riesgo.
- Rotación y nombramientos en puestos clave: para disipar la percepción de captura por amistades.
Qué está en juego
Si la crisis política alrededor de “Andy” se profundiza, el costo puede escalar para quienes fueron promovidos o cobijados por su influencia. En el caso del SAT, el riesgo no es menor: credibilidad institucional, certeza para la inversión y salud de las finanzas públicas.
En una administración que promete eficacia y resultados, la única estadística que de verdad cuenta es el ingreso efectivo y sostenible, no el tamaño del titular en la conferencia. La reforma permanente que México necesita no es la del más duro contra los contribuyentes, sino la de mejores reglas, datos abiertos y menos discrecionalidad.
Martínez Dagnino se mueve en una zona de alto voltaje: si sus resultados son más contables que fiscales, el SAT habrá reforzado su poder, pero no necesariamente la caja. Y en tiempos de estrechez y escrutinio, esa diferencia sí se cobra.