A menos de tres meses de haber iniciado funciones, el organismo impuesto por el gobierno para sustituir al INAI, llamado “Transparencia para el Pueblo”, ya dejó claro su verdadero propósito: proteger al poder y sepultar el derecho ciudadano a la información. Bajo la tutela del Ejecutivo y con el respaldo de figuras como Raquel Buenrostro, esta nueva estructura ha desechado el 99.6% de los recursos de revisión presentados, en lo que organizaciones califican como un retroceso brutal en materia de rendición de cuentas.
De los 2,253 recursos recibidos, apenas 457 fueron revisados formalmente, y de esos, 455 terminaron en la basura. El argumento: tecnicismos, requisitos formales y silencios administrativos. En otras palabras, el derecho a saber fue sustituido por un buzón sin salida.
Detrás de esta maniobra burocrática está la mano de quienes han promovido desde dentro del gobierno la concentración del poder y el debilitamiento de los contrapesos. Raquel Buenrostro, hoy secretaria de Economía y una de las funcionarias más cercanas al proyecto presidencial, ha respaldado públicamente esta “transformación” en nombre de la eficiencia. Sin embargo, lo que hoy se vive es una institucionalización de la opacidad, en la que las dependencias, incluida la suya, ya no tienen quién las cuestione ni quién las obligue a rendir cuentas.
Organizaciones como Artículo 19 advierten que el nuevo organismo no solo carece de autonomía, sino que opera desde la estructura del mismo poder que debe vigilar, lo cual elimina cualquier posibilidad de imparcialidad. A diferencia del extinto INAI, “Transparencia para el Pueblo” depende jerárquicamente del Ejecutivo, y eso se nota: ya no hay resoluciones incómodas, ya no hay acceso real a información pública, solo una fachada legalista.
Peor aún, este modelo está siendo replicado en al menos 23 estados, donde gobiernos locales también han desmantelado sus órganos autónomos de transparencia, entregando sus funciones a contralorías o secretarías afines. En 13 de esas entidades, incluso se han modificado leyes para facilitar la reserva de información, blindando aún más al poder frente al escrutinio ciudadano.
Mientras Raquel Buenrostro y otros funcionarios impulsan estos cambios bajo un discurso de austeridad y «simplificación», la realidad es que se está construyendo un aparato blindado contra la crítica y la fiscalización. Lo que se presenta como una transformación para el pueblo, en los hechos es una regresión autoritaria.
El acceso a la información no solo es un derecho humano: es la base de la democracia. Y hoy, ese derecho está siendo sepultado por quienes deberían garantizarlo.
🗯️ El organismo Transparencia para el Pueblo, sucesor del @INAImexico, genera gran preocupación.
— ARTICLE 19 México y Centroamérica (@article19mxca) August 6, 2025
📉 El 99.6% de las resoluciones de recursos han sido registradas como desechadas. Esto es un grave retroceso en el acceso a la información pública:https://t.co/q3W0nJjEos pic.twitter.com/dxM9PCIg1S