La narrativa oficial dice que el Estado mexicano exige a Ricardo Salinas Pliego el pago de 74 mil millones de pesos en impuestos. Pero lo que realmente está ocurriendo es un choque de trenes monumental entre dos fuerzas de poder equiparables: por un lado, la maquinaria política de Morena y la 4T, con Claudia Sheinbaum al frente y AMLO como operador en la sombra; por el otro, un empresario con una red de influencia económica, mediática y social que podría superar la del propio gobierno. Y lo peor para la 4T: Salinas no tiene miedo de enfrentarlos.
Lo que comenzó como un supuesto adeudo fiscal de 11 mil millones de pesos ha sido inflado, manipulando cifras y procesos legales, hasta alcanzar una deuda “mágica” de 74 mil millones. Esto no es solo un pleito legal: es una guerra de poder, una venganza política vestida de legalidad. Y el mensaje es claro: en la 4T, quien critique, paga caro.
La administración de López Obrador inició esta persecución con su característico tono mesiánico: “se acabó la corrupción”, decía, mientras giraba órdenes de aprehensión y usaba al SAT como garrote político. A la lista de empresas extorsionadas con cifras multimillonarias se sumaron América Móvil, Walmart, Femsa y otras más. Pero con Salinas, se toparon con pared. Él no se arrodilla.
La relación, que alguna vez fue cercana, estalló cuando Salinas Pliego comenzó a denunciar la incompetencia del gobierno: la ruina del sistema educativo, los elefantes blancos disfrazados de obras públicas, el gasto descontrolado y la corrupción estructural. Desde entonces, el gobierno de AMLO y luego Sheinbaum han tratado de doblegarlo… sin éxito.
Hoy, Salinas contraataca con algo que pocos tienen: una plataforma de medios (TV Azteca), un banco propio (Banco Azteca), millones de clientes, empleados, influencia internacional y, sobre todo, voz. Una voz que no depende del presupuesto público ni de favores políticos. La 4T, en cambio, se juega su narrativa, su legado y su imagen ante el mundo.
¿Y si el gobierno decide escalar? ¿Si retira concesiones o gira órdenes de aprehensión? Entonces el tren descarrila. Porque un golpe a Salinas no es un golpe a una persona, es un golpe a millones de usuarios, trabajadores e inversionistas. Es una señal de autoritarismo económico. Es decirle al mundo que en México no hay Estado de Derecho, sino capricho presidencial. Hasta Estados Unidos observa con atención este pleito, sabiendo que un movimiento en falso puede detonar una crisis de confianza.
Y mientras tanto, la 4T tropieza con su propia corrupción. El caso Vector, la casa de bolsa de Alfonso Romo, uno de los operadores financieros del obradorismo, ha sido expuesto por el Tesoro de EE.UU. como una pieza clave en el lavado de dinero para cárteles y criminales. Se habla incluso de transferencias hacia cuentas de Genaro García Luna, cercanísimo al círculo de poder. ¿Dónde está la justicia ahí? ¿Dónde las órdenes de aprehensión?
La hipocresía se confirma con los “premios” que Sheinbaum ha repartido a los responsables del desastre sanitario: Juan Ferrer, del fallido INSABI, fue mandado a la UNESCO; López-Gatell, el rostro del desastre pandémico, a la OMS. Los culpables de 788 mil muertes por COVID ahora viven de embajadas y viáticos diplomáticos. ¿Eso es justicia?
Y el ISSSTE, bajo Martí Batres, sigue firmando contratos ilegales con empresas sin representación válida, mientras los trabajadores denuncian impagos, abusos y precariedad. ¿Esa es la transformación?
Frente a todo esto, Salinas Pliego no está solo ni acorralado. Está bien posicionado, listo y dispuesto a responder golpe por golpe. Y lo sabe: si el gobierno cruza la línea, él puede arrastrarlos a una crisis política, mediática y financiera de proporciones colosales. Porque en este choque de trenes, ambos pesan lo mismo… pero solo uno lleva combustible de sobra.