Si el Poder Legislativo —es decir, el presidente López Obrador y su mayoría parlamentaria— realmente hubiera confiado en la voluntad popular, habría establecido un mínimo de participación ciudadana para validar la elección judicial. Pero no lo hizo. Porque en el fondo, no les interesa la participación, sino el control.
Todo apunta a que la participación será paupérrima, muy por debajo de cualquier elección constitucional seria. La naturaleza técnica del proceso, el desinterés provocado y la evidente polarización lo empujan hacia los niveles de la consulta para enjuiciar expresidentes o la revocación de mandato: entre el 10% y el 20% del padrón electoral. Un nivel tan bajo que, en cualquier democracia madura, sería motivo de alarma y revisión.
Ese porcentaje no expresa entusiasmo democrático, sino controversia, apatía y desconfianza. Aun así, el discurso oficial insistirá en que cualquier cifra —por baja que sea— es preferible a los métodos anteriores, donde los ministros de la Corte eran designados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado. Ahora se vende este modelo como “más participativo y transparente”, aunque la realidad lo contradiga.
Una vez más, se intenta confundir legalidad con legitimidad. Aunque el proceso sea técnicamente “legal”, la alta abstención revela un profundo rechazo o desconexión social, y ese será el verdadero pecado original del nuevo Poder Judicial. Entrará en funciones el 1 de septiembre con una autoridad debilitada, señalado desde el inicio como una extensión del poder presidencial y no como un contrapeso autónomo.
En vez de fortalecer el equilibrio de poderes, se inaugura un ciclo de desgaste institucional. La baja participación no solo resta legitimidad, también pone en evidencia el fracaso en construir ciudadanía y en comunicar con claridad por qué importa una elección judicial.
Esta elección pudo ser una oportunidad histórica para empoderar a la ciudadanía. En cambio, se convirtió en una puesta en escena sin público, un trámite legal disfrazado de democracia. El resultado no será un Poder Judicial más fuerte o más independiente. Será uno más débil, más cuestionado, y más subordinado.