Fuentes cercanas al PAN informan que en los pasillos del partido se asegura que el libro «Ni Venganza Ni Perdón» ha trascendido su etapa como simple material de entrevistas para entrar en una fase mucho más delicada: la de los expedientes judiciales.
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Se comenta que diversos legisladores se encuentran trabajando a marchas forzadas en la elaboración de denuncias penales. El objetivo, según explican, no es únicamente “hacer justicia”, sino activar formalmente la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría Anticorrupción.
El razonamiento dentro del partido es pragmático: si no se presentan querellas formales, ambas dependencias mantendrán su postura de no actuar bajo el argumento de que “no existe un expediente” abierto.
Se habla de que existe una presión interna creciente para que los señalamientos realizados por Julio Scherer no permanezcan solo en el terreno literario. En círculos privados, varios panistas reconocen que Morena ha logrado establecer una defensa eficaz al minimizar el contenido del libro como una publicación sin valor legal.
Por ello, la estrategia del PAN busca romper ese discurso mediante escritos que obliguen a las autoridades a actuar de oficio. La advertencia entre los liderazgos del partido es clara, de no llevar estas acusaciones a las instancias correspondientes, el escándalo corre el riesgo de disiparse como el humo y el PAN quedaría nuevamente señalado como una oposición que denuncia mediáticamente pero sin generar consecuencias legales.
El impacto de Ni Venganza Ni Perdón: Un libro en el ojo del huracán
El libro escrito por Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, ha desatado una tormenta política debido a que revela supuestas presiones al Poder Judicial y una red de influencias dentro del círculo más cercano de la administración federal.
La polémica radica en que las revelaciones provienen de uno de los hombres que más conoció las entrañas del poder en el actual sexenio, lo que ha provocado que la oposición lo utilice como una “hoja de ruta” para señalar actos de corrupción y persecución política, mientras que el bloque oficialista califica la obra como un texto de despecho político sin sustento jurídico.