La salida de Adán Augusto López Hernández de la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado ocurre en un contexto marcado por graves señalamientos públicos y denuncias formales que lo vinculan, directa o indirectamente, con estructuras del crimen organizado, principalmente por hechos relacionados con su gestión como gobernador de Tabasco.
Aunque el senador aseguró que su decisión obedece a una estrategia para “fortalecer a Morena en territorio” rumbo a las elecciones de 2027, actores de oposición, analistas y organizaciones civiles sostienen que su relevo responde al alto costo político que representan las investigaciones y acusaciones acumuladas en su contra.
Durante la reunión plenaria de los senadores morenistas, se designó por unanimidad a Ignacio Mier Velasco como nuevo coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), movimiento que diversos observadores interpretan como un intento de contener daños dentro del oficialismo.
El peso de los señalamientos
Los cuestionamientos contra López Hernández se centran en su relación con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, quien aparece mencionado en informes de inteligencia militar filtrados en los Guacamaya Leaks como presunto líder o protector del grupo criminal conocido como La Barredora.
De acuerdo con reportes del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) Sureste, durante su administración el crimen organizado habría cooptado mandos policiales y estructuras de seguridad, permitiendo su expansión en la entidad. Estos documentos han sido citados en denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República.
En septiembre de 2025, el propio senador reconoció públicamente la existencia de expedientes en la FGR en los que su nombre aparece vinculado a investigaciones sobre huachicol y redes de contrabando de combustible. A ello se suman denuncias del PAN y el PRI, que afirman haber llevado información incluso ante agencias estadounidenses como el FBI y la DEA.
Para inicios de 2026, distintas fuentes reportaban que López Hernández acumulaba decenas de denuncias formales por presunto desfalco de recursos públicos y posibles delitos de delincuencia organizada, con un monto estimado que supera los 700 millones de pesos. Hasta ahora, ninguna de estas carpetas ha derivado en una imputación judicial, lo que ha generado acusaciones de impunidad y protección política.