El inicio de año para la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estado lejos de la sobriedad institucional que promete. En cuestión de días, el máximo tribunal se ha visto envuelto en una cadena de polémicas que van desde compras de lujo y contradicciones públicas, hasta errores procesales y reuniones incómodas con actores del poder mediático.
Camionetas blindadas y austeridad de discurso
El primer escándalo estalló el 22 de enero, cuando se reveló la adquisición de camionetas blindadas de alta gama para ministros, con un costo aproximado de 2.4 millones de pesos por unidad. En un inicio, la Corte defendió la compra bajo argumentos de seguridad.
Sin embargo, ante la presión pública y las críticas en redes sociales, el discurso cambió. Días después, el tribunal aseguró que los ministros no utilizarían los vehículos y que estos serían reasignados a juzgadores en riesgo, dejando en evidencia una narrativa errática y defensiva.
Conferencia de aclaraciones… y nuevas contradicciones
Lejos de cerrar el tema, una conferencia de prensa abrió un nuevo frente. Durante su intervención, el ministro Arístides Guerrero acusó a ministros retirados tras la elección judicial de haberse llevado camionetas y obras de arte, sugiriendo irregularidades poco exploradas por los medios.
Horas después, el propio ministro presidente, Hugo Aguilar, desmintió la insinuación y explicó que se trató de un procedimiento regulado, con avalúos y acuerdos internos, lo que evidenció descoordinación y contradicciones dentro de la propia Corte.
El retrato que no fue… pero sí apareció
A la polémica se sumó la difusión de un contrato para realizar un retrato de la ministra Lenia Batres, con un costo de 40 mil pesos. La noticia generó una ola de críticas por tratarse de un gasto considerado frívolo e innecesario.
La Corte respondió asegurando que la obra nunca se realizó y que no hubo erogación alguna, atribuyendo el escándalo a un “error administrativo” por no retirar el documento del portal de transparencia. El daño reputacional, sin embargo, ya estaba hecho.
Una votación inexistente
El 16 de enero, otro episodio dejó mal parada a la institución: el secretario de acuerdos dio por aprobado un proyecto que en realidad había sido rechazado por el pleno. La sesión concluyó sin que se advirtiera el error, obligando posteriormente a realizar una votación “correctiva” fuera de cámaras.
El incidente encendió alertas sobre la operación interna del tribunal y la fragilidad de sus procesos en una etapa de transición.
Reuniones incómodas y sombras mediáticas
Ese mismo 22 de enero se difundieron imágenes de una reunión entre integrantes de la Corte y directivos de la industria de radio y televisión. Entre los asistentes apareció un alto ejecutivo de Televisa, identificado en investigaciones periodísticas como operador de campañas de desprestigio político.
La presencia del personaje revivió cuestionamientos sobre la cercanía entre el poder judicial y los intereses mediáticos, especialmente por su historial de participación en estrategias contra figuras públicas.
Viajes VIP y viejas prácticas
A la lista de polémicas se sumaron fotografías de la ministra Loretta Ortiz viajando al extranjero en clase ejecutiva, un lujo que en el pasado fue duramente criticado por el discurso oficialista, pero que ahora parece normalizado dentro del nuevo equilibrio de poder.
Lenia Batres y el choque interno por la cosa juzgada
Finalmente, durante una sesión clave, la ministra Lenia Batres se negó a eliminar un párrafo de su proyecto, pese a que la mayoría del pleno así lo votó. Argumentó que el texto era de su autoría, rompiendo con una práctica básica del tribunal: que las sentencias reflejen el consenso mayoritario.
El episodio fue señalado por ministros en retiro como un riesgo para la certeza jurídica y una distorsión del sistema de precedentes.
Una Corte bajo la lupa
En conjunto, estos episodios han colocado a la nueva SCJN en el centro de la crítica pública. Lejos de transmitir orden, legalidad y sobriedad, el máximo tribunal parece navegar entre escándalos, rectificaciones apresuradas y una preocupante falta de cohesión interna.
El inicio de esta nueva etapa judicial no solo ha generado dudas, sino que ha debilitado la credibilidad de una institución llamada a ser el último contrapeso del poder.