Justo al cierre del Tercer Periodo Ordinario en la Cámara de Diputados, los oficialistas no podían irse de vacaciones sin antes volver a meterle mano al sector salud. Esta vez lo hicieron a través de una nueva ley que, lejos de fortalecer el sistema, lo debilita aún más.
De acuerdo con el doctor y diputado panista Éctor Jaime, la reforma en materia de salud impulsada por la presidenta Sheinbaum tiene tres consecuencias graves: desmantela el Fondo de Salud para enfermedades de alto costo; provoca un mayor colapso en el IMSS y el ISSSTE mediante el llamado “intercambio de servicios”; y, además, criminaliza a los usuarios de vapeo.
Con estas modificaciones, el cártel de Morena va directo por 36 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, recursos destinados a cubrir tratamientos de alto costo como cáncer o VIH. El plan es redirigir ese dinero al gasto corriente, bajo el control de la Tesorería de la Federación del gobierno de Sheinbaum.
Sobre este fondo, Éctor Jaime advierte que lo que viene es un auténtico “engaño legislativo”. Hoy la ley obliga a reservar al menos el 8% del Fondo de Salud exclusivamente para atender enfermedades graves en personas sin seguridad social. La iniciativa aprobada por Morena en la Comisión de Salud elimina esa protección. En pocas palabras, quieren quitar la etiqueta que dice “este dinero es para salvar vidas” y convertir el fondo en una chequera abierta para el gasto cotidiano del gobierno. El resultado: sacrificar quimioterapias y tratamientos antirretrovirales para pagar pintura, elevadores o mantenimiento, gastos que deberían salir del presupuesto regular y no de los ahorros destinados a los pacientes.
Las decisiones, además, quedarán en manos de un “Comité Técnico” integrado por el propio gobierno, que podrá definir de manera discrecional qué enfermedades se atienden y cuáles no. Esto rompe con cualquier principio de certeza jurídica y profundiza un modelo centralista en el que la salud de millones depende del criterio del gobierno en turno.
La reforma también incluye el llamado “intercambio de servicios” de salud, que permitiría a cualquier persona, esté afiliada o no, atenderse en instituciones como el IMSS, ISSSTE, PEMEX o los servicios médicos de las Fuerzas Armadas. El problema es evidente: no hay un solo peso adicional para infraestructura ni para contratar más personal médico. No se construyen hospitales ni se amplían capacidades. Lo único que se conseguirá es colapsar aún más servicios que ya operan al límite.
Finalmente, la iniciativa contempla la criminalización del vapeo. Para los diputados de Acción Nacional, se trata de una medida particularmente peligrosa, pues sin evidencia científica actualizada ni una política seria de salud pública, se pretende castigar toda actividad relacionada con el vapeo y tratar a los usuarios como delincuentes.
Otro golpe más, ahora desde el Congreso, contra un sistema de salud que ya estaba en terapia intensiva.