En una decisión que prioriza el rigorismo procesal por encima del esclarecimiento del destino de los recursos públicos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió ratificar la suspensión que protege a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez. Con esto, la justicia mexicana pone un freno total —por ahora— a la indagatoria por el presunto desvío de 900 millones de pesos.
El triunfo de la forma sobre el fondo
Lo que la Corte resolvió no fue la inocencia de la alcaldesa, sino la validación de un «escudo» legal. Bajo el argumento de proteger la «autonomía municipal», el máximo tribunal impide que el Poder Legislativo de Guerrero avance en auditorías y en el proceso de revocación de mandato.
Los puntos más críticos de la resolución:
- Intocable por «falta de facultades»: La Corte desestimó los reclamos del Congreso de Guerrero alegando que este no supo «combatir» adecuadamente los argumentos técnicos. Básicamente, se determinó que el estado no tiene permiso para auditar fondos federales (FISMDF), dejando un vacío de vigilancia donde casi 900 millones de pesos permanecen en la sombra.
- La autonomía como refugio: Se ratificó que el procedimiento de revocación de mandato previsto en la ley de Guerrero podría ser inconstitucional. Mientras la Corte se toma su tiempo para analizar el fondo de las controversias 174/2025 y 176/2025, la fiscalización queda paralizada.
- Justicia lenta, ¿justicia nula?: Al confirmar estas medidas cautelares, la SCJN garantiza que la alcaldesa permanezca en su cargo y sin investigaciones activas por tiempo indefinido, sin importar la gravedad de las acusaciones de desvío de recursos transferidos por la Federación.