El empresario sostiene que desde Palacio Nacional se ha orquestado una persecución fiscal, judicial y administrativa en su contra.
Washington, D.C.— Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, presentó una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por presunta persecución política.
De acuerdo con un comunicado del corporativo, la acción se formalizó durante una reunión con Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, celebrada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington D.C.
La queja expone una “persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada”, cuyo objetivo —según el documento— sería restringir la libertad de expresión del empresario y limitar su participación en el debate público, en presunta violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ya salí de mi primera reunión con Pedro Vaca @PVacaV, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la @CIDH. Me invitaron para escucharme y recibir un expediente con pruebas de lo que @gruposalinas y yo estamos viviendo, un acoso sistemático por parte del @GobiernoMX:… https://t.co/xXnn44eYnm pic.twitter.com/yRlzaWsrd7
— Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 13, 2026
Durante el encuentro, Salinas Pliego habría detallado distintos mecanismos de represalia utilizados por el Estado, entre ellos la criminalización de la crítica. El grupo empresarial aseguró haber documentado el uso de medios de comunicación y vocerías oficiales para dañar la reputación del empresario y de sus compañías, con el fin de inhibir la disidencia.
Otra práctica señalada fue el hostigamiento administrativo. Grupo Salinas afirmó que sus empresas han sido sometidas a auditorías excesivas por parte de diversas instancias gubernamentales, las cuales —asegura— se duplicaron durante las administraciones de López Obrador y Claudia Sheinbaum en comparación con periodos anteriores.
El comunicado también advierte sobre la captura del Poder Judicial, al señalar que la reciente reforma judicial ha debilitado la independencia de los tribunales, dejando a los ciudadanos sin acceso efectivo a una justicia imparcial frente a posibles abusos del Ejecutivo.
Asimismo, se denunció el uso político del aparato fiscal. Salinas Pliego sostuvo que, pese a su disposición para resolver obligaciones tributarias conforme a la ley, el Estado ha respondido con negativas sistemáticas y un trato discriminatorio, lo que —afirma— revela un propósito coercitivo y no recaudatorio.
Grupo Salinas subrayó que el caso trasciende la esfera personal y lo calificó como una señal de la crisis institucional que enfrenta México, así como un llamado a defender la libertad, el Estado de Derecho y las garantías fundamentales.
Finalmente, el comunicado precisa que se solicitó a la CIDH declarar la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordenar garantías de no repetición, orientadas a restaurar la independencia judicial y a proteger la libertad de expresión y el derecho de propiedad en el país.