Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela, se declaró «no culpable» de los cargos de narcoterrorismo imputados por Estados Unidos, tras su captura el pasado sábado en una operación militar en territorio venezolano. Sin embargo, el escrito de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York expone una trama que va mucho más allá de Caracas: sitúa a México como un centro neurálgico de operaciones para la alianza entre el chavismo y los cárteles de la droga.
El documento judicial, que también incrimina a su esposa, a su hijo y a altos funcionarios como Diosdado Cabello, describe cómo el régimen venezolano no solo utilizó a México como trampolín para el tráfico de cocaína, sino como una caja fuerte para el retorno de capitales ilícitos gracias a alianzas estratégicas con Los Zetas y el Cártel de Sinaloa.
La «diplomacia» del lavado de dinero Uno de los señalamientos más explosivos del expediente se remonta al periodo entre 2006 y 2008, cuando Maduro fungía como canciller. La acusación sostiene que vendió pasaportes diplomáticos a narcotraficantes para blindar sus operaciones. El modus operandi involucraba directamente a la embajada venezolana en México: Maduro alertaba a la sede diplomática sobre la llegada de aviones privados que, mientras los traficantes se reunían con el embajador, eran cargados con efectivo producto de la venta de droga para volar de regreso a Venezuela bajo inmunidad diplomática.
Alianza con los cárteles mexicanos La fiscalía estadounidense detalla una colaboración de larga data:
- Los Zetas (2003-2011): En coordinación con traficantes colombianos, movieron contenedores con hasta seis toneladas de cocaína desde Venezuela hacia EE. UU., haciendo escala en puertos mexicanos. Estas operaciones habrían contado con la protección militar de Diosdado Cabello.
- Cártel de Sinaloa (2011 en adelante): Joaquín «El Chapo» Guzmán financió laboratorios en Colombia, trasladando la droga a Venezuela bajo el amparo de Hugo «El Pollo» Carvajal, exjefe de inteligencia chavista (quien ya se declaró culpable en EE. UU.).
Los cuatro cargos que enfrenta Maduro —conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína y uso de armamento pesado— se sustentan en la tesis de que él y su círculo perpetuaron «una cultura de corrupción», utilizando el poder del Estado para enriquecerse y facilitar el flujo de drogas hacia el norte, usando a México como su plataforma logística principal.