Durante un conversatorio celebrado en el Congreso de la Ciudad de México, la secretaria Citlalli Hernández llamó públicamente a boicotear a Totalplay, argumentando que contratar el servicio equivale a “beneficiar a la ultraderecha”, en alusión directa al empresario Ricardo Salinas Pliego.
El pronunciamiento no se dio en un espacio privado ni en un foro ciudadano, sino desde una tribuna institucional, con micrófono oficial y en un evento financiado con recursos públicos. Ese contexto convierte el mensaje en algo más que una opinión: configura una conducta ilegal por uso indebido de recursos y plataformas del Estado.
Por qué es ilegal
El Artículo 134 de la Constitución obliga a todos los servidores públicos a aplicar con imparcialidad los recursos públicos y limita la comunicación oficial a fines informativos, educativos u orientadores. Un llamado a presionar económicamente a una empresa privada por razones ideológicas no cumple con esos fines y vulnera el principio de neutralidad.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas refuerza la prohibición. Su artículo 7 exige imparcialidad y prohíbe utilizar el cargo para influir indebidamente en decisiones o conductas de terceros. Promover un boicot desde un foro oficial encaja en el supuesto de uso indebido del cargo, una falta administrativa sancionable.
Un precedente peligroso
Las críticas no se centran en la empresa ni en el empresario, sino en el uso del poder público para disciplinar ideológicamente. Cuando una funcionaria señala desde el Congreso y sugiere castigos económicos, se desdibuja la frontera entre Estado y militancia y se abre la puerta a prácticas coercitivas.
Lo que sigue
El episodio amerita revisión administrativa por parte de las instancias competentes. La ley es clara: el Congreso no es una trinchera ideológica y el micrófono público no puede usarse para campañas de presión política. Permitirlo sería normalizar una ilegalidad que una democracia no debe tolerar.