Este jueves, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá diversos litigios relacionados con los créditos fiscales que el gobierno federal ha reclamado desde el sexenio anterior. Las propuestas de los ministros podrían representar un golpe financiero superior a 48 mil millones de pesos contra Grupo Salinas, en lo que diversos analistas consideran un acto de presión política y judicial.
De acuerdo con las listas públicas de la Corte, los ministros analizarán el próximo 13 de noviembre varios recursos de reclamación, amparos directos en revisión e impedimentos, todos vinculados a créditos y multas que el gobierno busca cobrar a las empresas del grupo. El monto total asciende a más de 48 mil 326 millones de pesos, en medio de un ambiente donde se ha denunciado una creciente intromisión del poder Ejecutivo en las decisiones judiciales.
En uno de los proyectos más controvertidos, el ministro Irving Espinosa Betanzos propondrá revocar el criterio previo que había declarado impedida a Lenia Batres Guadarrama, pese a que en redes sociales manifestó abiertamente opiniones de carácter político antes de asumir el cargo. La decisión abriría la puerta a que ministros con evidentes afinidades ideológicas participen en casos donde el gobierno tiene un interés directo.
El proyecto incluso plantea multar a Grupo Elektra por considerar que sus recursos legales han prolongado los procesos, interpretando su defensa como un intento de “obstaculizar” las resoluciones judiciales. Para muchos observadores, esto representa un precedente preocupante: el castigo a una empresa privada por ejercer su derecho a litigar.
Posteriormente, otros ministros, como Arístides Guerrero García, Yasmín Esquivel y Estela Ríos, presentarán proyectos que buscan desechar amparos y confirmar créditos fiscales millonarios. En todos los casos, la línea de resolución parece favorecer sistemáticamente al gobierno federal, sin permitir una revisión de fondo.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz aplicará además la nueva reforma a la Ley de Amparo, impulsada por la actual administración, para restringir los impedimentos contra ministros. Esta medida limita la posibilidad de cuestionar conflictos de interés y reduce los controles internos dentro de la Corte, consolidando así una estructura más vertical y dependiente del Ejecutivo.
En conjunto, las decisiones programadas evidencian un uso político del aparato judicial, que en lugar de garantizar imparcialidad parece alinearse con los intereses del poder. La resolución de estos casos marcará un precedente clave sobre la independencia —o sometimiento— del Poder Judicial frente al gobierno federal.