Hace poco más de un mes, el Poder Judicial mexicano fue derribado.
La vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —independiente, profesional y con décadas de jurisprudencia— fue desmantelada para dar paso a un nuevo aparato de poder bajo el control de Morena y del gobierno federal.
En nombre de la “democratización” y la “transformación del sistema”, se impuso una estructura improvisada y politizada que hoy mantiene a la justicia mexicana sumida en el caos, la censura y el control partidista.
De aquel sistema judicial robusto, lo que queda es una maquinaria desarticulada que intenta funcionar entre renuncias, despidos y decisiones al vapor.
Desbandada y censura
- Cerca de la mitad de los empleados de la Corte ha renunciado o fue forzada a hacerlo.
- Muchos fueron despedidos por haber participado en protestas contra la reforma o por haber trabajado con ministros anteriores como Norma Piña o Luis María Aguilar.
- “El aviso fue expreso: no hablen”, relatan varios trabajadores.
- Hay monitoreo de redes sociales y cámaras con micrófonos en las oficinas.
- Los empleados piden anonimato por temor a represalias.
Cargas de trabajo imposibles
- Las nuevas dinámicas obligan a revisar hasta 15 proyectos diarios con apenas horas de antelación.
- La mayoría de los nuevos ministros carece de experiencia y termina votando sin haber leído los expedientes.
- “Ya no se discute el fondo de los asuntos, solo se improvisa un discurso para la televisión”, explica un empleado.
Desorganización total
- Se eliminaron las salas tradicionales; ahora solo existe un pleno único, saturado y sin estructura.
- Los asuntos complejos son retirados para evitar exhibir errores en las transmisiones públicas.
- La sobrecarga ha cerrado servicios esenciales como la guardería interna, obligando a madres trabajadoras a llevar a sus hijos a la oficina.
Corrupción, compadrazgos y conflicto de interés
El discurso oficial promete “limpiar” al Poder Judicial, pero dentro de la Corte los casos de nepotismo, corrupción y favoritismo político crecen día a día.
Los nombres del escándalo
- Lenia Batres:
- Llegó a la Corte respaldada directamente por Morena.
- Su prioridad ha sido remodelar oficinas y consolidar poder interno, mientras ignora la parálisis administrativa.
- Hugo Aguilar:
- Presidente de la SCJN, con 76 asesores a su disposición.
- Justificó el exceso diciendo que “redistribuyó” personal vacante, aunque muchos puestos fueron ocupados por simpatizantes del partido.
- María Estela Ríos:
- Caso flagrante de conflicto de interés.
- Hoy resuelve asuntos que ella misma presentó cuando era consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador.
- Ningún ministro ha pedido su recusación.
- Néstor Vargas:
- Titular del Órgano de Administración Judicial (OAJ), encargado del millonario presupuesto judicial.
- Exconsejero de Claudia Sheinbaum, denunciado por abuso sexual.
- Dirige sin lineamientos ni transparencia.
- Los “acordeones” de Morena:
- Durante la elección del 1 de junio, el partido distribuyó listas de candidatos recomendados.
- Los militantes votaron siguiendo esas guías, asegurando la llegada de operadores leales al oficialismo.
Improvisación e inexperiencia en los tribunales
La reforma no solo cambió los nombres, sino que vació de capacidad técnica al sistema judicial.
Los nuevos magistrados y jueces federales fueron electos sin perfil profesional suficiente.
Ejemplos concretos:
- En Aguascalientes, un director de museo fue nombrado magistrado.
- En el Estado de México, un policía y exregidor ahora imparte justicia federal.
- En Guanajuato, un empleado con una semana de experiencia fue designado magistrado.
- A la mayoría se les dio solo una semana de capacitación de cuatro horas diarias antes de asumir funciones.
Los resultados ya se notan: resoluciones mal redactadas, sesiones inconexas y criterios jurídicos abandonados.
“Los nuevos jueces no conocen la ley de amparo ni los fundamentos básicos del sistema federal”, lamenta una magistrada veterana.
El Órgano de Administración Judicial (OAJ), antes conocido como Consejo de la Judicatura, hoy simboliza el colapso administrativo.
- Se exigió a cada área preparar presentaciones de PowerPoint para explicar “qué hacían y en qué podían ahorrar”.
- No existen planes de trabajo ni lineamientos operativos.
- Los jefes son convocados y desconvocados sin aviso, incluso de madrugada.
- Las decisiones presupuestales se toman “al estilo Elon Musk”: improvisadas y autoritarias.
- No hay comité de integridad, ni procesos de nombramiento activos.
- Magistrados de todo el país reportan parálisis total en la gestión de plazas y recursos.
De la independencia al control político
El Ejecutivo federal justificó la reforma afirmando que “los jueces eran corruptos y liberaban delincuentes”.
Con ese argumento, Palacio Nacional y Morena promovieron una purga total, sustituyendo independencia por obediencia.
El resultado:
- Depuración ideológica: se eliminaron perfiles críticos y voces técnicas.
- Subordinación política: ministros y jueces leales al partido reciben protección y ascensos.
- Destrucción de criterios legales: se revierten fallos históricos con el simple argumento de “empezar de cero”.
- Televisión antes que justicia: los plenos se convirtieron en foros de propaganda personal.
La Corte ya no es un tribunal constitucional: es un escenario de poder político y un trampolín electoral.
Como advierten juristas veteranos, este modelo replica el de varios estados donde los presidentes de tribunales terminan convertidos en gobernadores.
La justicia secuestrada
Antes, el Poder Judicial federal era el último dique de contención frente a los abusos del poder.
Hoy, ese dique ha sido derribado.
“El amparo funcionaba como antídoto para los excesos del poder local y federal. Hoy los candados se rompieron”, explica el abogado Fernando Sosa, excoordinador en la SCJN.
Con la nueva Corte, la ciudadanía perdió su última defensa.
La llamada “Reforma Judicial” no democratizó la justicia: la capturó.
Lo que antes fue una institución autónoma hoy opera como una extensión del gobierno federal.
- Los jueces ya no imparten justicia, obedecen consignas.
- Los ministros ya no interpretan la Constitución, la acomodan a conveniencia.
- Los derechos ciudadanos dejaron de ser prioridad: lo primero es la lealtad política.
El nuevo Poder Judicial fue elegido con acordeones, no con méritos.
Y lo que debería ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy es la Suprema Corte de Morena.