El gobierno planea echar mano de 10.4 billones de pesos de las Afores para financiar sus programas sociales.
Tu dinero, su botín.
EL “DESPOJO” Y EL ORIGEN DEL FONDO
La llamada Cuarta Transformación sostiene que el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar busca “garantizar” una vejez digna para todos los trabajadores. Pero críticos, legisladores y analistas advierten que en realidad se trata de un traslado forzoso de patrimonio privado hacia un fondo público sin garantías claras de sostenibilidad ni transparencia.
El gobierno no lo dice abiertamente, pero el mecanismo ya está en marcha: las cuentas “inactivas” del Sistema de Ahorro para el Retiro —aquellas de trabajadores mayores de 70 años (IMSS) o 75 años (ISSSTE) que no han solicitado pensión— serán transferidas automáticamente al Fondo del Bienestar.
Según estimaciones iniciales, más de 40 mil millones de pesos serán tomados de esas cuentas bajo el argumento de que “nadie los reclama”.
Sin embargo, esos recursos siguen siendo propiedad privada del trabajador o sus beneficiarios. Su traspaso sin consentimiento previo es, en palabras de la oposición, un acto confiscatorio.
VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES
Juristas y legisladores han advertido que esta medida vulnera el Artículo 14 de la Constitución, que establece que nadie puede ser privado de sus propiedades o derechos sin juicio previo.
También podría infringir los Artículos 16 y 22, que prohíben la confiscación de bienes y garantizan la seguridad jurídica.
En otras palabras: el Estado estaría tomando dinero ajeno sin autorización judicial.
Senadores opositores lo resumen así:
“Ya se gastaron todos los cochinitos, y ahora van por el ahorro de los trabajadores.”
EL PROBLEMA DE FONDO: “PROCURAR”, NO GARANTIZAR
El texto legal del Fondo no promete garantizar el 100 % del salario como pensión.
Solo “procurar” que así sea, “según la suficiencia del Fondo”.
Esto significa que si en unos años el fideicomiso se queda sin recursos —algo que los economistas consideran inevitable—, los trabajadores podrían perder su ahorro y quedarse con una promesa vacía.
El dinero se va, la garantía no existe.
LA VERSIÓN OFICIAL: “NO ES EXPROPIACIÓN, ES RECUPERACIÓN”
El Presidente y sus voceros insisten en que “no somos rateros” y que la reforma busca “recuperar” recursos que las Afores mantenían sin entregar.
Aseguran que los fondos seguirán siendo del trabajador, y que podrán reclamarse en cualquier momento.
No obstante, el problema no es el discurso, sino el control total del dinero por parte del gobierno.
Los recursos pasan de instituciones privadas a un fideicomiso público administrado por Hacienda y Banxico, con rendición de cuentas limitada y destino discrecional.
EL PLAN POLÍTICO DETRÁS DEL DINERO
El argumento oficial habla de “justicia social”, pero el trasfondo es más claro:
controlar el flujo económico de millones de ciudadanos y convertirlo en una fuente de financiamiento electoral permanente.
Lo que se presenta como “solidaridad intergeneracional” se convierte, en los hechos, en una apropiación del ahorro ajeno para sostener programas clientelares.
Un millón de pesos ahorrados con esfuerzo podrían convertirse en una beca de 3 mil pesos mensuales.
Negocio redondo para ellos, ruina para ti.
LA BATALLA LEGAL: DEFENDER LOS AHORROS
Frente a lo que consideran un “despojo constitucional”, se han emprendido dos frentes legales:
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD
- Promoventes: Diputados y senadores del PAN, PRI y PRD.
- Ley impugnada: Reformas a la Ley del Seguro Social, Infonavit y SAR que permitieron crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
- Argumentos clave:
- Violación al Artículo 14: privación de propiedad sin juicio previo.
- Violación al Artículo 16: falta de procedimiento legal y motivación.
- Violación al Artículo 22: confiscación de bienes, acto prohibido por la Constitución.
- Estatus: El recurso fue presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deberá resolver si la ley es constitucional o no.
JUICIOS DE AMPARO (INDIVIDUALES Y COLECTIVOS)
- Promoventes: Más de 700 servidores públicos y trabajadores particulares.
- Abogados: La firma Trusan & Roma Abogados encabeza una demanda colectiva.
- Argumentos:
- Retroactividad e inconstitucionalidad: cambia las reglas del ahorro voluntario.
- Afectación patrimonial directa: el dinero de las Afores es propiedad privada.
- Estatus: Banxico, fiduciario del Fondo, pidió que los amparos se declaren improcedentes alegando que aún no se ha hecho ningún traspaso.
Sin embargo, los litigantes sostienen que el daño es inminente.
CLAUDIA SHEINBAUM ENTRE EL PRESUPUESTO Y EL ABISMO
Con un déficit fiscal récord y las finanzas públicas bajo presión, el gobierno busca desesperadamente nuevas fuentes de dinero.
Y los 10.4 billones de pesos en Afores son el tesoro perfecto para tapar huecos presupuestales.
¿De verdad confiarías tu retiro en manos de quienes ya convirtieron a Pemex y CFE en hoyos negros de deuda?
¿O de un Estado que usa cada programa social como herramienta política?
TU FUTURO ESTÁ EN JUEGO
Tu ahorro, tu vejez y tu tranquilidad podrían desaparecer bajo el argumento del “bienestar”.
Lo que hoy llaman “solidaridad” podría convertirse mañana en expropiación disfrazada.
Mientras tú trabajas toda una vida para construir tu retiro, ellos planean cómo gastarlo.
Hoy todavía es tu Afore.
Defiéndela. Porque mañana podría ser del gobierno.