Mientras el gobierno presume haber aprobado un presupuesto “social” para 2026, la realidad es que el sector salud volvió a ser uno de los más castigados, incluso después de haber incrementado impuestos a productos como los refrescos bajo el argumento de mejorar la atención médica.
En la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos 2026, con un monto total de 10 billones 193 mil millones de pesos, tras más de 20 horas de sesión. Aunque el documento fue presentado como una inversión en educación, ciencia y cultura, la salud quedó fuera de las prioridades.
Paradójicamente, en los últimos años el gobierno ha incrementado los impuestos especiales a bebidas azucaradas, justificando la medida como una política para prevenir enfermedades como la diabetes y la obesidad, y a la vez financiar programas de salud pública. Sin embargo, los recursos recaudados no se reflejan en un aumento presupuestal al sistema de salud.
Por el contrario, el presupuesto federal para el sector médico tuvo recortes respecto al año anterior, según el desglose del paquete aprobado.
Promesas rotas: del impuesto saludable al desmantelamiento del sistema
El discurso oficial sostiene que el país “invierte más en bienestar”, pero la distribución real de los recursos revela otra historia: mientras se reducen fondos al Poder Judicial y a organismos autónomos, los apoyos se concentran en áreas con mayor rentabilidad política, como educación y programas sociales, de cara a las elecciones de 2027.
Economistas advierten que los impuestos al azúcar, tabaco y alcohol —que deberían tener un destino etiquetado para prevención y atención médica— han terminado absorbidos por el gasto corriente, sin transparencia ni impacto visible en hospitales, medicamentos o infraestructura.
“Se trata de un presupuesto preelectoral”, explicó José Ignacio Martínez Cortés, del LACEN de la UNAM, quien advirtió que el endeudamiento interno por 1.7 billones de pesos debe vigilarse “para evitar que los recursos se utilicen con fines clientelares”.
Entre la deuda y la desatención
Mientras tanto, hospitales públicos reportan desabasto crónico, retrasos en tratamientos y falta de personal, incluso en entidades donde más se ha recaudado por el impuesto a refrescos.
El contraste entre el discurso de “salud preventiva” y la reducción real de recursos sanitarios deja ver una contradicción profunda: se cobra más por la salud, pero se invierte menos en ella.